La Federación concluyó semanas de negociaciones con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) y con la Universidad de Guanajuato resolviendo que las y los jóvenes que realizan su Servicio Social Profesional, en las áreas de medicina y enfermería, deberán permanecer en los hospitales que les fueron asignados, o de lo contrario perderán su plaza, y con ello la acreditación de su Servicio Social.
El gobierno federal llegó a esa resolución, según lo dice un documento de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), tras la manifestación unánime de todos los secretarios de Salud de los estados, al considerar que liberar a las y los jóvenes de esa obligación “(…) afectaría gravemente los servicios de salud y a la población más vulnerable y simultáneamente a la formación académica de los pasantes”.
Con ello, la Federación intenta poner fin a la insistencia de parte de los pasantes que hacen el Servicio Social Profesional, sobre la posibilidad de encontrar otros mecanismos para acreditar dicho servicio, y deja en manos de cada uno de ellos la decisión de continuar, como única manera de acreditarlo o retirarse y perder su plaza.
Esperemos que al menos el gobierno les cumpla lo esencial: equipo de protección, seguridad y capacitación, pues ellos y ellas, también se están arriesgando por todos nosotros.
El huachicol, una enfermedad más que atender.
En el mundo, en México y en Guanajuato el terror se apoderó de la gente. El miedo de contagiarse e incluso de morir se recrudece aún más por la pandemia del Covid–19.
Cada día el número de muertes y casos de contagio aumentan, al menos es así en México, al menos es así aquí… en Guanajuato.
Las vidas que este virus ha cobrado, no se compara con las del crimen organizado. En Guanajuato, el mayor caso de muertes por delincuencia se le atribuye al robo de hidrocarburo, y en ese crimen, la entidad se colocó, otra vez, en los primeros lugares a nivel nacional; en el segundo para ser exactos. Por ende, el estado se coloca también en uno de los más violentos de México.
Lo cierto que es que, tal vez, como sociedad nos hemos distraído un poco por esta atroz contingencia sanitaria, pero las autoridades deber estar presentes y conscientes de que, incluso con esa enfermedad, los número de muertes intencionadas deben de bajar.
Sí bien, el robo de combustible es un delito federal, es importante que el trabajo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno –si lo hay- comience a dar resultados y el estado regrese a ser una entidad tranquila y segura.
Este año es vital, hay una promesa y el gobierno estatal la expuso: Se bajarán los homicidios dolosos.
En esa tesitura, por ende, y más allá de la atención del Covid–19, también tendrá que bajar el robo de combustible o al menos colaborar para ello.
