La inseguridad es el botín de los partidos políticos y el saldo pendiente de todos los gobiernos.
Sin duda Celaya vive uno de los momentos más críticos en cuanto a inseguridad se trata; sin embargo lo que pasa en ese lugar no es algo aislado al resto de los municipios de la entidad.
Como hoy lo publicamos en Zona Franca, desde el año pasado las extorsiones ya eran un problema grave en la mayoría del territorio estatal, sin importar de qué color es la mayoría de su cabildo.
Es decir, todos los gobiernos, municipal, estatal y federal, independientemente del partido del que vengan han quedado a deber a sus gobernados y eso, precisamente eso, es lo que parece habérsele olvidado a Ernesto Prieto cuando sale a criticar lo que pasa en Celaya, como si no ocurriera en cualquiera o todos los municipios que gobierna Morena, o como si no fuera también una corresponsabilidad de la federación.
Prieto afirma que “… el gobierno municipal ha fallado, el gobierno estatal no ha hecho lo suyo…” y seguramente en ello tiene razón. Sin embargo cabe preguntarle si la federación sí ha hecho lo suyo, o si los municipios que gobierna Morena sí han hecho lo suyo.
Prieto olvida también que no solo representa a un partido que es oposición, sino que también es gobierno, y que como gobierno todos nos salen debiendo.
El hecho que cambia el discurso
El ataque a la tortillería ‘La Indita’ en Celaya, fue el lamentable suceso que hizo que las autoridades estatales cambiaran el discurso respecto a las denuncias por extorsión.
Apenas unas horas antes del ataque que tuvo lugar el pasado lunes, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia en Seguridad, Sophia Huett, así como el gobernador Diego Sinhue; señalaban la importancia de que los comerciantes celayenses acudieran al Ministerio Público a formalizar sus denuncias.
Los comerciantes ya lo habían dejado claro: tenían miedo y por eso optaron por una manifestación pública en Presidencia Municipal. La agresión que vino después, confirmó el terror.
Ahora el discurso de la autoridad cambia. Entre los cinco acuerdos que el municipio encabezado por la alcaldesa Elvira Paniagua y la autoridad estatal, se encuentra la promoción de la denuncia anónima, para que los comerciantes puedan sentirse tranquilos.
De la formalidad del Ministerio Público ahora al anonimato. Las autoridades deberían plantearse qué es lo que necesitan hacer para que la gente deje de tener miedo, confíe en la procuración de justicia y acuda a formalizar sus quejas, no solo en Celaya, sino en todo el estado.
