La llegada de Gerardo Vázquez Alatriste a la Fiscalía General de Guanajuato no parece haber comenzado con el pie correcto; aun así, tiene la oportunidad para recuperar la confianza ciudadana en la procuración de justicia.
Sin duda, uno de los sus principales retos es garantizar que la clasificación y registro de los delitos reflejen con exactitud la realidad del estado, evitando cualquier tipo de manipulación de datos.
Lo anterior, toma fuerza tras el análisis de la organización Causa en Común titulado “Incidencia delictiva 2018-2024… y algunas anomalías” que revela reclasificaciones sospechosas de homicidios, feminicidios, secuestros y trata de personas en varios estados de la República.
El estudio evidencia que hay subcategorías ambiguas que utiliza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que diluyen el impacto de delitos.
La manipulación de los datos respecto a las carpetas de investigación, podría ser un factor poderoso para que la impunidad en Guanajuato y en otras entidades no deje de tomar fuerza.
Para muestra un botón: Guanajuato es el estado con un mayor número de homicidios en contra de mujeres; sin embargo, parece irrisorio y lamentable que solo 16 casos hayan sido clasificados como feminicidio, mientras Causa en Común documentó 23 asesinatos de mujeres con crueldad extrema en 2024.
La importancia de que el nuevo fiscal ponga fin a la opacidad, será el primer paso para enfrentar la violencia dado que sin datos veraces, la justicia es solo una ilusión.
Los veterinarios y la extorsión
El homicidio del veterinario Héctor Hernández en el Estado de México logró que miles de sus colegas a nivel nacional salieran a las calles a exigir que las autoridades garanticen su seguridad y también que se haga justicia.
En León e Irapuato esta marcha se replicó con éxito, pero llamó la atención que en el municipio fresero, los veterinarios reconocieran que hay al menos un centenar de ellos que están siendo víctimas de distintos delitos, que van desde las amenazas hasta la extorsión.
Hay que recordar que desde principios de este 2025, en Irapuato se han agravado los casos de extorsión, resultando en dos decenas de negocios que han sido rafagueados y que las cifras oficiales de comerciantes afectados han ido cambiando a contentillo de la autoridad.
Lo que es cierto, es que muchos comerciantes y profesionistas están siendo víctimas de extorsión y de amenazas, y que lo ocurrido con Héctor sólo deja ver una realidad alterna en Guanajuato, donde además del propio riesgo profesional, se suman otras complejidades asociadas a la situación de inseguridad del municipio de Irapuato.
Respecto al tema nacional, siempre es bueno ver que un gremio se une para levantar la voz. Ojalá eso mismo pase en Irapuato y en todo Guanajuato, así como todas aquellas víctimas que sufren de extorsión, pudieran denunciarlo sin temor a represalias.
