Tópico literario acuñado por el autor inglés Edward Bulwer-Lytton en el año 1839, como una metonimia para indicar que hace más daño un escrito bien concebido y dirigido contra un punto débil del adversario, que una estocada de la espada.
Ahora en México, como en Guanajuato, usar la pluma como un instrumento para hacer valer la libertad de expresión, fundamental en la democracia, el desarrollo y el diálogo, básico para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos es sin duda un riesgo que cuesta la vida.
Tras el asesinato de Ernesto Méndez, quedó al descubierto que periodistas solicitaron, incluso desde antes, protección a la Comisión de Atención a Personas de Derechos Humanos y Periodistas, al sentirse vulnerados para cumplir sus labores.
Como entender a un obrero sin guantes y casco, a un albañil sin andamió, a un mecánico sin gato hidráulico, porque la protección es una garantía laboral explícita, no por derecho o protocolo, así la libertad de expresión como un valor social de todo individuo, sin la necesidad de blandir la espada para tomar la pluma.
¿De quién fue la culpa?
Este fin de semana, en un restaurante-bar de mariscos de la capital, que ya había sido sancionado en cuatro ocaciones por abrir fuera del horario que marca la norma, un cliente disparó contra el dueño del negocio y su hijo, después de una riña por “cuestiones de pago de la cuenta” a las seis de la mañana. Los disparos fueron a las extremidades.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que las heridas no fueron de gravedad, el dueño del negocio informó de la identidad del responsable, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y el restaurante de mariscos nuevamente fue clausurado.
Al ser un hecho reincidente pero con consecuencias más graves, al Gobierno Municipal no le queda más que reconocer su falta y ejercer las sanciones correspondientes, pues la primera lectura que se da es ¿cómo es que el bar fue un “punto ciego” para las autoridades, si ya tuvo varias sanciones?
El secretario de Seguridad Ciudadana reconoció que hubo faltas tanto del gobierno municipal, como de los dueños. Pero también surgen las dudas de ¿por qué es sencillo para el dueño repetir la misma falta? ¿El ‘castigo’ es suficientemente desalentador como para garantizar que esto no vuelva a ocurrir? Y también, ¿qué hace un ciudadano armado en un local? No han informado si contaba con licencia para esa arma.
¿Son realmente los únicos culpables los inspectores de Fiscalización?
