La inseguridad se pone alas.
Lo que nos faltaba, ayer se pretendió secuestrar un avión de Volaris, que salió desde el aeropuerto del Bajío, con rumbo a Tijuana.
Para fortuna, el hecho no pasó de un gran susto y el intento de forzar que el vuelo se desviara a Estados Unidos se frustro, forzando su aterrizaje en Guadalajara.
En términos de percepción de seguridad hemos dado un paso atrás muy grave.
A menos de tres semanas de la salida de Carlos Zamarripa como fiscal general del Estado, empieza la recta final hacia el destape de quien será la persona elegida para ocupar ese importante encargo, si es que se quiere tener a alguien a partir del 1 de enero, día en el que se aplica la renuncia de Zamarripa.
Más que hacer destapes de ciertas personas, conviene definir perfiles, pues el reto que tiene el nuevo gobierno es tan grande, como pacificar el Estado, a través de programas propios y de una acertada coordinación con la federación.
No sólo debe tratarse de una persona que de verdad conozca los procedimientos penales en tierra, no nada más en la teoría; sino que sepa abordar el gran problema de inseguridad e impunidad que vive la entidad.
El escrutinio de ese perfil tendrá que ser implacable por quien la proponga, por quien la vote y por la sociedad, para evitar nombrar a alguien que tenga o haya tenido antecedentes penales, o señalamientos de acoso, o de probada ineptitud, o a alguna persona sin conocimiento del Estado, solo por citar algunas de las cuestiones que se deben decantar en esa búsqueda.
De lo contrario se puede enviar el mensaje más grave que sólo iniciar con el pie contrario.
Tarde e incompleta, como suele ser la impartición de la justicia, y luego de más de un año, finalmente se obtuvo una primera sentencia condenatoria en contra de uno de los asesinos de Adolfo Enríquez Vanderkam.
Lo lamentable es que con ello la Fiscalía no ha sido capaz de aclarar las causas de tal homicidio.
A final de cuentas prevalece la constante con la que se condujo Zamarripa, como responsable de la procuración de justicia: la impunidad.
El regreso del impuesto sobre tenencia de automóviles sigue dividiendo opiniones.
Ahora se sabe que algunas opiniones contrarias están surgiendo desde el propio PAN, que ven que resucitar ese impuesto puede traer costos políticos indeseables, en medio de una política pública federal que se ha resistido a incrementar cargas fiscales.
Hablando de impuestos, todo hace suponer que en enero se empezará a aplica la “gran iniciativa” de la diputada Angelica Casillas para gravar a las apuestas.
Lo peor de todo es que con ello se creerá que se está contribuyendo a reducir el serio problema de la ludopatía.
Se habrá perdido la oportunidad de establecer políticas públicas de verdad en contra de ello, simplemente por una mera ocurrencia recaudatoria.
En la medida que se tensan las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, en vísperas de la revisión del Tmec, el gobierno federal ha anunciado la revisión de la situación de las concesiones mineras en poder de empresas canadienses, que son muchas.
De llevarse a cabo, sin duda Guanajuato capital se puede ver beneficiado, pues la manera en la que dichas empresas se han apoderado de las entrañas del municipio ha sido totalmente anárquico, sin que aparezcan autoridades que los regulen.
Hablando de la capital, la alcaldesa, Samantha Smith anunció, hace algunos días, que aplicará medidas “muy agresivas” en contra de los concesionarios del transporte público.
Ese servicio público es un terrible caos en Guanajuato, precisamente por concesionarios voraces que han ido deteriorando el servicio sin importarles los usuarios; pero también por autoridades no sólo omisas en regularlos adecuadamente, sino cómplices.
Sin embargo, la declaración de la alcaldesa resulta por demás desafortunada, por decir lo menos.
Desde el ejercicio del poder no se debe agredir a nadie. Simplemente se debe ejercer la ley y nada más.
