Que haya 4 mil 593 personas desaparecidas en nuestro Estado es la peor expresión de la violencia que vivimos. La búsqueda por sus familiares y amigos es una de las manifestaciones de que todas las autoridades, de todos los niveles están rebasadas.
Al duro y trágico trabajo de las buscadoras en el Estado se agregan las amenazas contra líderes de esas brigadas y una insuficiente, tardía o nula protección a ellas y a su labor.
Ellas lo siguen denunciando, ante los oídos sordos de quienes tendrían que acompañarlas y cuidarlas.
En Celaya, tras los más recientes hechos criminales, específicamente en el que asesinaron al jefe de escoltas del alcalde, el gobierno federal ha enviado 600 elementos mas de la Guardia Nacional.
Lejos de ocuparlos en la frontera con los Estados Unidos, como ha resultado prioritario en estos momentos, se pretende que refuercen las nada exitosas tareas de seguridad en el territorio cajetero.
Pero la causa es más profunda. Aunque el alcalde Ramirez Sánchez -solo él- diga que Celaya es el único municipio en donde baja la violencia, los tercos hechos se encargan de desmentirlo, especialmente este trágico fin de semana.
En San Miguel de Allende, el alcalde Mauricio Trejo, parece más concentrado en cómo asegurar su fichaje en Morena para las próximas elecciones, que en gobernar San Miguel.
Trejo Pureco se ve -sólo él- como el candidato de Morena a la gubernatura en 2030, aunque algunos de los dirigentes de ese partido no lo quieren es sus filas.
El alcalde priista debe garantizar que en el 2027, que al término de su segundo periodo consecutivo como edil sanmiguelense, tenga algo que aportar a Morena, más allá de sus graves desaciertos.
La candidata a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (Prodheg), Elisa Jaime escribió en Facebook:
“Aconsejable también que la UG se involucre en un programa de reducciòn de cantinas…
qué les darán a los estudiantes en esas ‘súper ofertas’ de alcohol?” (sic).
Las dudas son varias: ¿eso es parte de su propuesta como candidata a la Prodheg?, ¿si llega a ser procuradora de los derechos humanos se involucraría en un programa de reducción de cantinas?,¿no cree que eso limita los derechos en torno al ejercicio del comercio y a la libre determinación de asistir a una cantina por parte de mayores de edad?, ¿de verdad exigiría eso como competencia de la Universidad de Guanajuato?… solo por citar algunas.
Tal vez solo convenga que las autoridades fiscalicen esos y otros comercios como se debe, sin limitar derechos de alguien.
Restringir los derechos que tenemos nunca debería ser opción, por lo que es preocupante que alguien que pretende procurarlos se manifieste de esa manera.
Juan Carlos Romero Hicks, el exrector de la Universidad de Guanajuato, revivió un tema que se resolvió hace meses, pero lo más grave es que al parecer lo hizo pretendiendo asumirse todavía como rector de la UG.
Romero Hicks ha insistido en que se sancione al grupo de jóvenes que tomaron la Rectoría, previo a que asumiera el cargo Claudia Susana Gómez López.
El asunto fue resuelto oportunamente por las instancias universitarias, en un diálogo con tales estudiantes como correspondía, por lo que sorprende ahora que el exrector insista en criminalizar a parte de la comunidad que alguna vez dirigió.
En Guanajuato capital, la propia autoridad municipal reconoció la existencia de motocicletas sin registro.
Si el tema del control de ese tipo de vehículos es problemático, porque suelen manejarse sin las protecciones adecuadas y sin respetar carriles de tránsito, que haya un subregistro lo vuelve aún más delicados, pues significa la omisión de la autoridad, quien simplemente no parece estarle dando la importancia que el caso amerita.
