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jueves, marzo 4, 2021

La responsabilidad de la AIC

La muerte de Juan Carlos “N”, comerciante de tamales detenido y muerto en manos de Agentes de Investigación Criminal el Celaya parece ser un tema que quiere cerrar con celeridad la Fiscalía General del Estado, que en cuestión de horas dio a conocer que el vendedor, murió por un infarto y no por golpes propinados por los oficiales.

Pero además de este argumento, que se sumó al par de tuits del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, emitidos el mismo día de los hechos, se agregaron otros dos datos, uno mediante la filtración de la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, en el que se señala que la ahora víctima, estaba acusado de violación -legalmente irrelevante-, y por otra parte la información de que el hoy finado era hipertenso y diabético.

En conjunto, los argumentos expuestos por la instancia procuradora de justicia para los guanajuatenses pretendieron culpar a Juan Carlos de su propia muerte, pues lo presentan como un rebelde, violador, prófugo, de salud descuidada y que por eso murió y no por el proceder de los oficiales.

Sépase sin embargo que la responsabilidad de proteger la vida, salud e integridad de un detenido es inalienable para la autoridad cuando éste se encuentra bajo su tutela, y si a pesar de haber aplicado los protocolos el detenido muere, entonces una de dos; o no es verdad que se respetaron los protocolos o los protocolos son deficientes.

Por si hay quienes duden de la veracidad de las versiones de la Fiscalía, ésta dejó a disposición material digital para que en caso de que así lo determinen los involucrados competentes, peritos o expertos externos a la Fiscalía los revisen y la verdad es que estas explicaciones de la FGE dejan más dudas que respuestas.

El papel de las autoridades y la búsqueda de desaparecidos

El problema de desaparecidos en Guanajuato que expuso Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación parece ser un llamado de atención para las autoridades federales, estatales, como municipales en su forma de brindar la seguridad que se necesita.

Por una parte, es evidente que más allá del trabajo de las Comisiones de Búsqueda, estatal y federal, los hallazgos de fosas clandestinas en Guanajuato se lograron gracias a la iniciativa de los distintos colectivos; y por otra, la entidad está otra vez en la mira de señalamientos de Andrés Manuel López Obrador.

El hecho de que Guanajuato sea el segundo lugar con más reportes de desaparecidos, a pesar de la opacidad de la Fiscalía General del Estado, y que esto lo dé a conocer Encinas, resulta ser una oportunidad para que desde las instituciones comiencen a verse resultados en la búsqueda, y que sean ellas y no los colectivos quienes digan de donde partir.

El problema se está atendiendo tarde, ya sea por la la negligencia de las autoridades o su deficiencia.

La Fiscalía tiene muchos puntos de partida para las investigaciones, y estas deben de dar con los responsables de las fosas y desapariciones, pero también las autoridades municipales, que al parecer no solo no saben, sino que no tienen idea de lo que pasa en sus demarcaciones, o simplemente no quieren ver lo que ocurre y han dejado de gobernar, como es evidente en varios municipios

Hay mucho trabajo, y ahora con la mira federal, la negación, la terminología y la forma, debe de ser lo de menos para atender las desapariciones en Guanajuato.

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