Un pronunciamiento previo del Arzobispado de León comparó la interrupción del embarazo con un infanticidio. Un diputado del PAN afirmó que las mujeres que llegan a abortar son propensas al alcohol, drogas y trastornos mentales. En las sesiones de consulta, hubo quien equiparó la despenalización con la crueldad de los nazis.
El caso es que la Iglesia Católica prácticamente abrió las hostilidades de un debate que los diputados de las Comisiones Unidas de Salud y Justicia del Congreso de Guanajuato, no se molestaron en cuidar y profundizar. El proceso solo encontró nuevamente a dos polos de la sociedad.
Esta mañana, por si algo faltara, el Arzobispado anunció que se demandaría a las autoras de las pintas donde se manifestó nuevamente la exigencia de los grupos feministas, para que se atienda el derecho que atañe a todas las mujeres, justo el día en el que la mayoría del PAN nuevamente diera bate a las iniciativas.
La activista Verónica Cruz puso el dedo en la llaga en diversos foros, incluyendo el legislativo; las iniciativas, el conocimiento del marco legal actual, y el proceso, prácticamente resultaron una simulación hecha para cumplir con las cuotas políticas.
Por supuesto, eso se reflejó en un debate público en el que el empeño fue la criminalización. De manera que no es para menos el llamado al diálogo que pidió la curia católica, un diálogo que se vuelve inexistente cuando, primero que nada, se usa como arma un dedo enjuiciador.
Al final, la inoperancia legislativa solo animó las descalificaciones morales, contra las mujeres que han elevado el tono en su llamado a decidir sobre su cuerpo.
Las Contralorías y sus nula autonomía
Los trabajos que tanto se presumen en Guanajuato sobre la lucha anticorrupción, ahora tendrán un retroceso.
Resulta que el Congreso del Estado, en específico la Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el Tribunal Electoral (TEEG) designe a su contralor.
Actualmente el nombramiento lo hace el propio Congreso, mediante una terna que el órgano electoral presenta; llama la atención que esta reforma se haga a unos pocos meses del inicio del proceso electoral.
Y lo decimos porque la inciativa implica la destitución del actual contralor, quien ya realizó una serie de observaciones en los gastos públicos del Tribunal.
La justificación es como ya lo hemos dicho, una resolución de la Suprema Corte de de Justicia de la Nación, por cierto, la inciativa lleva el consenso de todos los grupos parlamentarios y representaciones políticas en el Congreso.
Ahora bien, todo parece un ejercicio para poner a un contralor a modo en el TEEG, como pasa todas las instancias públicas, en realidad no se puede hablar de que existe una Contraloría Independiente.
De hecho cuando algún contralor se revela y comienza a revelar irregularidades, es común que de inmediato se busque su salida por parte de las autoridades, por cierto, un caso reciente es la destitución de quien fuera contralor de Salamanca, impulsada por Beatriz Hernández y José Luis Montoya.
Entonces si el Congreso pretende darle autonomía al TEEG, se está yendo por el lado equivocado, esto ya lo reconoció la legisladora del PAN, Libia Denisse García Muñoz Ledo, quien trabajó para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.
