A principios de agosto de 2024, el periodista Alejandro Martínez Nogués fue asesinado en Celaya. Él era reconocido en toda la región Laja-Bajío por su dar a conocer, de manera oportuna, hechos policíacos.
Al estar en una zona altamente insegura en Guanajuato y dedicarse a la llamada “nota roja”, a Alejandro Martínez, a quien se conocía popularmente como “El Llanero”, ya lo habían amenazado de muerte y por tanto, recibió custodia del Sistema de Protección a Periodistas.
Pese a esto, el periodista fue asesinado y en ese momento, él estaba viajando en una unidad de Policía Vial, sin que haya quedado claro si era para su protección personal o los elementos de seguridad pública incumplían un protocolo.
La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ya emitió seis recomendaciones al gobierno celayense por el homicidio del periodista.
El gobierno de Juan Miguel Ramírez las aceptó rápido, sin chistar. Y sí, es más fácil aceptar estas recomendaciones cuando ya no implican que hay una responsabilidad propia, sino que se trató de omisiones en las que se incurrieron durante la administración de Javier Mendoza Márquez.
El haberlas aceptado así de rápido, y la intención que expresan de manera inmediata, para poder dar cumplimiento a todas -incluyendo la compensación para las víctimas colaterales y las disculpas públicas-, hablan bien de la actual administración.
Es un guiño positivo y tal vez insuficiente, pero al menos positivo, tras varias acciones negativas y negligentes que gobiernos anteriores cometieron y que terminaron con el asesinado de Alejandro Martínez.
El subregistro de fosas de parte de la Fiscalía
Una de las tantas herencias perversas que dejó Carlos Zamarripa en la Fiscalía del Estado, es sin duda el mañoso conteo de fosas clandestinas halladas en nuestra entidad.
Totalmente dispar de la realidad, sin asumir todos los hallazgos de los colectivos de búsqueda, quienes diariamente son los que hacen el trabajo de esa institución, Zamarripa llevaba su propia cuenta, obviamente con números a modo.
Ahora que ya no está Zamarripa, una de las labores urgentes de Zucé Anastacia Hernández, la fiscal provisional, debería de ser poner al corriente esos número, simplemente para que ella, o quien llegue a ocupar el cargo de manera definitiva, parta de la realidad que enfrenta el Estado.
Reunirse con las buscadoras y homologar criterios y números, sería un importante punto de partida para generar certezas sociales.
La trayectoria de Zucé en la propia Fiscalía y su cercanía con los colectivos de búsqueda, debería ser una garantía, salvo que su intención sea simplemente pasar de largo.
