Contrario a todo protocolo de protección a una víctima, Samuel Ugalde, secretario de
Seguridad Ciudadana de la capital salió a hacer una defensa de su comandante Rogelio
“N”, el presunto agresor.
Defendió que no se le pudiera separar del cargo, pero no habló de ninguna medida de
protección a la víctima, mucho menos para garantizarle que no tenga contacto con su
presunto agresor.
Tampoco habló de alguna medida para evitar que la mujer agredida sea sujeta de burlas y
revictimización por compañeros de trabajo.
Pero sí garantizó que su comandante será juzgado por el Consejo de Honor y Justicia, del
cual forma parte el presunto agresor, según se lo hizo saber a la víctima.
Todo ello dentro de la gran preocupación de Ugalde que el proceso en contra de Rogelio
“N” se siga respetando sus derechos humanos, sin hacer ninguna referencia a acompañar
a la víctima y asistirla en el proceso que ella inició.
Si no fuera suficiente su evidente parcialidad, se comprometió a investigar a su oficina de
Asuntos Internos, ante los señalamientos que hizo la víctima. Sin embargo no dijo en qué
consistiría esa investigación, ni qué pasaría con esa oficina, mientras se lleva a cabo.
La red de complicidades que evidenció la mujer policía que fue acosada sexualmente ha
quedado claramente explicada con las declaraciones que ha hecho el propio Ugalde en
defensa de su comandante.
Si Ugalde tiene un compromiso, no parece ser con la víctima, ni con la ciudadanía, sino
con su propio machismo y el del presunto agresor.
Violaciones en Ceferesos, vulnerabilidad a la pandemia
Han pasado mas de 14 meses desde que inició la pandemia por el COVID-19 y parece que muchas instituciones simplemente han puesto oídos sordos a las indicaciones sanitarias.
Entre ellas están los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en México; los reos tienen un largo tiempo sin recibir visitas y aun así se han registrado más de 3 mil 390 casos positivos por coronavirus y 255 defunciones en el país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado en varios expedientes de queja, las condiciones de precarización en las que operan muchos de estos inmuebles, donde viven condenas cientos de mexicanos.
Las negligencias documentadas y emitidas en recomendaciones por la mala higiene, espacios reducidos, con carentes servicios médicos y también programas de inserción social.
Actualmente el Cefereso ubicado en Ocampo tiene una población de 2 mil 520 reos y su capacidad es para mil 820 personas, el último informe de la CNDH evidenció que en el lugar las visitas a los reos se han dado, pero bajo una forma discrecional.
Hace tres semanas, la CNDH reportó que las autoridades penitenciarias del Altiplano no le brindaron atención médica a un reo con síntomas de COVID. Luego de varias semanas murió. El organismo determinó que no solo se vulneraron los derechos en salud del reo, sino que se puso en riesgo al resto de la población en el lugar.
No cabe duda que las negligencias al interior, son los riesgos hacia el exterior en medio de una situación de violencia cíclica que comienza por las violaciones a los derechos humanos.
