Sin duda, el crecimiento económico de Guanajuato está vinculado a la inclusión de más mujeres en la economía.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que, si México lograra incrementar la participación femenina en el mercado laboral, el PIB crecería en 6.9 billones de pesos en la próxima década.
Para Guanajuato, el impacto sería aún mayor, con un aumento estimado del 7.5%.
Sin embargo, este potencial económico no se logrará solo sumando mujeres a la fuerza laboral, sino garantizando empleos dignos y bien remunerados.
No se trata de llenar estadísticas, sino de cerrar la brecha salarial y erradicar la precarización laboral.
Hoy, la realidad es que muchas mujeres enfrentan condiciones de trabajo desiguales, salarios inferiores a los de los hombres y una cultura empresarial que sigue viendo la equidad de género como una concesión, no como una necesidad.
El reto no es solo económico, sino social y político.
La resistencia de sectores gubernamentales, empresariales y de la sociedad en general a mejorar las condiciones laborales de las mujeres es un obstáculo real, dado que muchas mujeres no terminan por desarrollarse laboralmente por dedicarse al hogar, a la crianza y al cuidado de los enfermos o ancianos.
Si bien los programas sociales pueden aliviar la carga inmediata, no deben convertirse en el impedimento para que las mujeres accedan a empleos formales y bien remunerados.
A Guanajuato le tomará más de medio siglo alcanzar los niveles de participación femenina que hoy tienen los países de la OCDE, una deuda sentida ¿pero cuánto le costará avanzar en otros derechos, como el de vivir una vida libre de violencia?
La resistencia del PAN
Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el #8M, en el Congreso del Estado la bancada del PAN cooptó la tribuna del Pleno para pronunciarse a favor de los derechos de las mujeres, pero se olvidaron del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y no ser criminalizadas por interrumpir su embarazo.
Con pancartas y tonos morados, las diputadas panistas presentaron iniciativas por la igualdad y en contra de la violencia de género, pero los tintes de progresismo se borraron cuando llegó a tribuna uno de los temas más incómodos para las y los azules, la despenalización del aborto.
Morena y Movimiento Ciudadano, presentaron dos exhortos para que el Gobierno del Estado restituya los servicios clínicos para la interrupción del embarazo suspendidos en esta administración, bajo el argumento de que el aborto forma parte del catálogo de delito en el Código Penal.
El coordinador de la bancada del PAN, Jorge Espadas Galván, tras pronunciarse a favor de la vida, fraguó junto al PRI y al PRD, una triquiñuela para que a toda costa, el exhorto de Morena se discutiera en la Comisión para la Igualdad de Género, donde el PAN tiene la Presidencia y la mayoría; y no en la Comisión de Salud, donde preside Morena y con el PVEM se suman los votos para agilizar el proceso legislativo.
La panista María Isabel Ortiz Mantilla, subió a tribuna para exhortar a las fuerzas parlamentarias a dejar debates partidistas en torno al aborto, pues la Ley ya garantiza la no criminalización de la mujer por decidir sobre su cuerpo, aunque las carpetas de investigación persisten por este delito.
Hoy uno de los peores miedos del PAN podría consumarse, pues con la suma Morena, el PVEM, el PT, MC y del PRI, que por medio de su diputada Ruth Tiscareño ya se pronunció por la no criminalización de las mujeres por abortar, se tendrían los votos necesarios para eliminar este delito del Código Penal.
Vaya escenario negativo para el PAN en este #8M, en el Legislativo se resisten a despenalizar el aborto y en la práctica no solo no se apoya a la no criminalización, ahora se sesgan los servicios clínicos para la interrupción del embarazo.
