Cuando el bombo y platillo sonaron para festejar el convenio de autoridades de la Universidad de Guanajuato y de 13 municipios guanajuatenses, se respiró un aire de verdadero e incondicional compromiso de las instituciones con la comunidad universitaria, o al menos por la solemnidad del acto así puede imaginarse el momento.
Hace una semana, escasamente, estos personajes concurrieron para firmar el Convenio en Materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el que se ventilaron compromisos como “diseñar, elaborar e implementar estrategias transversales en los polígonos universitarios, con acciones focalizadas a las particularidades de cada sede”.
Esto aplicable a las 74 sedes de los 13 municipios participantes y 50 mil integrantes de la comunidad universitaria, y sus representantes de 30 países.
Los firmantes fueron el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres.
Así como los alcaldes y representantes municipales de Guanajuato, Celaya, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao, Yuriria y Tierra Blanca.
¿Pero a que viene hacer esta breve y corta memoria?; pues al simple hecho de que una semana despues de que alegres posaron para la foto mostrando el congratulado documento, la Universidad y varios municipios tienen a centenares de estudiantes molestos por la falta de seguridad y garantías evidenciadas por el homicidio de la estudiante de Biología Experimental, Ana Daniela Vega.
Y sí, era estudiante de la UG porque -#SigoSiendoUG, recuerdan- aunque en su primer comunicado la casa de estudios hizo hincapié en que la joven no estaba inscrita en la institución meses atrás.
Todo ese compromiso de mejorar la seguridad se fue por los suelos. Ana desapareció el viernes, el sábado la encontraron muerta en su casa, el domingo comenzaron las protestas y el lunes por la tarde mientras en las escalinatas del Teatro Juárez en la capital, mujeres exigían seguridad y justicia para Ana Daniela, el alcalde Alejandro Navarro prefería atender el “calquetazo” de una película que se rueda en la ciudad. Vaya falta de realidad y exceso de fantasía.
Las protestas crecieron y tomaron un tinte social para exigir seguridad para todos los estudiantes.
La inercia llevó a los jóvenes a volcarse contra quienes ellos reconocen como autoridad, el rector, quien tardó en dar la cara a los estudiantes. Fijó su postura, lamentó el hecho y ofreció su colaboración para el esclarecimiento; el fiscal Carlos Zamarripa dio rueda de prensa para informar “avances” en la investigación y ¿el alcalde? Se hizo de la vista gorda y oídos sordos por bastante rato, como si los estudiantes no vivieran en su municipio ni la seguridad fuera su competencia, pero es bien recordado que él mismo se erigió públicamente como “el jefe de la Policía”.
La exigencia de seguridad escaló más todavía, e hizo eco en otros municipios también sedes de campus universitarios y firmantes del convenio, de los cuales los alcaldes también han hecho como que no se dan cuenta de que también es de ellos la responsabilidad de atender las demandas de los estudiantes, esta vez en materia de seguridad, ¿El convenio? ese papel debe, en el mejor de los casos, estar guardado en algún archivero.
¿Condonación o fomento a la seguridad privada?
El Grupo Parlamentario del Partido Verde, en voz del diputado Israel Cabrera, pretendía una iniciativa en la que los municipios condonaran hasta el 50 por ciento del impuesto predial a aquellos vecinos que comprobaran estar pagando en seguridad privada.
Es decir, un beneficio para un sector minoritario de la población que puede vivir en clústers de acceso controlado, en donde generalmente se contrata a guardias de seguridad para el resguardo de los ciudadanos.
El argumento del Partido Verde es que los ciudadanos ya estaban haciendo un desembolso al invertir en su propia seguridad, por lo que podrían tener un incentivo con la condonación del pago predial.
Sin embargo, esta propuesta podría tener también un interés de impulsar la privatización de la seguridad; que es el único de los servicios públicos que no se pueden privatizar y que debería ser el compromiso más grande que tengan las autoridades de todos los niveles.
Para ‘privatizar’ la seguridad, primero habría reformar la Constitución y los elementos mismos del Estado Mexicano y luego garantizar que las empresas de seguridad que funcionan dando servicio a particulares, brinden verdaderamente un servicio de calidad. Sin embargo, este servicio está muy poco regulado y utilizarlo es como ‘echarse un volado’.
Finalmente, la iniciativa no prosperó y se quedará en el tintero…
