Justo cuando en Guanajuato capital se viven días con un importante incremento de la curva de contagios por COVID-19, lo que implica una mayor atención de todas las autoridades, el alcalde decidió tomarse unos días y romper sus propias recomendaciones, las de los gobiernos estatal y federal, así como las de la Organización Mundial de la Salud para irse a descansar a Cancún.
No es la primera vez que Navarro desatiende las indicaciones sobre la pandemia: tras anunciar que en la capital habría medidas “muy perras” y que había que quedarse en casa, él mismo decidió ser ejemplo de lo contrario, cuando se fue a cenar a un puesto de tacos y luego al permitir que los negocios de su familia y de sus cuates permanecieran abiertos.
Pero ahora no se midió. En medio del agravamiento de la crisis de salud, que está llevando a retomar medidas de confinamiento como limitar el acceso a vialidades, obligar al uso de cubrebocas en espacios públicos, así como a valorar nuevamente el cierre de restaurantes, bares e incluso hoteles, el alcalde decidió que no era necesaria su presencia en estos momentos y que era mejor tener unas vacaciones.
Es cierto, la pandemia ha sido estresante para todos en el mundo, pero también ha servido para medir la responsabilidad con la que cada uno la enfrenta.
Una excelente muestra de ello son las vacaciones de Navarro, un alcalde tan ajeno a la pandemia, como a gobernar.
Discriminación institucionalizada
Si hay una expresión más formal de la discriminación institucionalizada, esa es la del camino del amparo legal para acceder a un derecho que ya se encuentra reconocido. Es decir, aquellos trámites que por su no reconocimiento en lo local, obliga a los ciudadanos a recurrir al litigio.
Ese es el caso de la comunidad Lésbico, Gay, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer (Lgbtttiq+), la cual ha visto como ninguna otra, sus derechos resumidos a una ventanilla burocrática.
La existencia de 121 parejas que ya han logrado su matrimonio a pesar de los obstáculos del marco jurídico vigente en Guanajuato, son el indicador perfecto de una necesidad no atendida, simple y sencillamente por falta de voluntad política, anquilosados y anticuados prejuicios, sin intenciones de cambiar.
Así, procedimientos civiles que están al alcance de cualquiera, para la comunidad Lgbtttiq, resulta que son negados de forma sistemática obligando al camino, más caro –de 20 mil a 40 mil pesos- o de plano, recurrir a otra entidad.
Quizá lo más grave del asunto, es que esto está totalmente normalizado en las oficinas del Registro Civil de Guanajuato. No hay orientación, solo rechazo.
En Guanajuato, el rezago en la garantía de los derechos civiles, sigue siendo un pendiente por atender.
