Beneficiado por los acuerdos de los Villarreal, quienes evidentemente no pretende soltar el poder de San Miguel de Allende, Alejandro Navarro, un alfil muy caro de ese grupo, por los escasos resultados que genera, quedó apuntado para buscar la reelección en la capital, al definirse que el PAN, su partido, irá con candidato masculino en ese municipio.
Sin embargo hay un largo camino por recorrer, sobre todo, para vencer a los grupos rivales, quienes también perfilan hombres para la contienda interna.
Así, Carlos Chávez, vuelto a ser el enemigo que era de Navarro, vela armas para la contienda. La mayoría de las voces lo ubican queriéndose colocar nuevamente el sistema operador de agua potable (Simapag), para desde esa dependencia tratar de lograr el protagonismo que no ha alcanzado en la Regiduría.
En otra de las esquina está Ricardo Narváez, quien podría terminar su ciclo como secretario del Congreso, ante la llegada de nuevas diputadas y diputados y podría pretender cobrar todos los desaires que Navarro le ha hecho a su esposa, la regidora Cecilia Pöhls.
Desde otra esquina, aguardando con mucha cautela está Héctor Corona, actual secretario del Ayuntamiento y quien ha llevado el peso de esta administración.
Independientemente de quien sea el candidato, lo cierto es que el PAN no la tiene fácil en la capital, pues el saldo que va dejando Navarro, no solo marca un lastre para sí, sino para todos los aspirantes azules… al tiempo.
Morena, una iniciativa incompleta y oportunista
La propuesta de reforma a la Ley Orgánica que presentó la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, es limitativa e improvisada.
En la última sesión de Pleno propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para sancionar expresiones misóginas, con multas de más hasta 15 días de dieta para el diputado que incurra en una falta de este tipo.
La propuesta tienen la idea de cubrir las agresiones que se dan contra las mujeres en la función pública, pero las diputadas no son las únicas que son susceptibles de sufrir agresiones de género: hay secretarias de estado, magistradas, alcaldesas y por supuesto todas las sevidoras públicas que no ocupan cargos de elección popular. La reforma debería tener mayor alcance.
La idea le surgió en un panel del IEEG en el que se discutió precisamente la falta de sanciones por violencia de género a funcionarias que ya ejercen cargos.
Magalena quiso llevarse el crédito, pero se quedó más que corta.
Oyó cantar al gallo y no supo ni donde.
