Cuando la violencia arrebata la vida de inocentes, se buscan razones y respuestas, se implora por justicia, pero en realidad nunca bastará y mucho menos una disculpa.
Dos menores fueron asesinados el pasado martes en Celaya como posibles víctimas colaterales de la violencia que se vive en el municipio.
Javier Mendoza Márquez, presidente municipal, primero calificó los asesinatos como “focalizados” por la disputa de grupos delictivos y ahora, en un sesgo de empatía, ofreció disculpas a los celayenses.
No se puede cuantificar una vida y por eso no hay nada que pueda repararla. Si bien no todo está en las manos de la autoridad de gobierno, bien se podría empezar en procurar que esa justicia sea pronta y expedita.
Quizá sea momento de dejar a un lado las disculpas y comenzar con una reconversión social y quizá de leyes, porque la vida es lo más preciado, pero tan devaluada que se pierde ante la displicencia humana.
La Fiscalía a juicio
Regina, una de las presuntas víctimas de Jorge Romero, el diputado federal electo, que no tomó posesión de su cargo, ha iniciado lo que puede ser la prueba más complicada para la Fiscalía General del Estado, desde que Carlos Zamarripa está a cargo.
Regina está demandando a quien tendría que representar sus intereses en el procedimiento en contra de Romero.
El juicio de Amparo al que ha acudido la presunta víctima cuestiona, tal vez como ninguno otro, la imparcialidad de la Fiscalía.
Sí Regina lo pierde, habrá más instancias nacionales e internacionales a las que pueda acudir; pero sí lo gana y el caso se reclasifica como violación espuria, habrá demostrado la parcialidad a favor del presunto victimario y no el acompañamiento y representación de la víctima.
No solo eso, habrá demostrado que las instancias que tendrían que creer, defender, acompañar y garantizar el castigo a los delincuentes -en este caso en agravio de las mujeres-, no han querido aprender nada.
La apuesta es la más alta que ha hecho la Fiscalía.
