El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha votado una de las sentencias más relevantes… en su historia.
En un análisis exhaustivo, el ministro Luis María Aguilar propuso a sus pares no solo declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que sancionaban la interrupción de embarazo, sino que al hacerlo también se establezca, por jurisprudencia obligatoria en todo el país, que criminalizar a una mujer por abortar, viola sus derechos humanos y constituye violencia de género.
Los argumentos del debate vertidos por los y las ministras han sido reflejo de la enorme lucha de infinidad de mujeres y colectivas que han aportado una riqueza inédita a la resolución judicial y al alcance de la misma.
Una de las conclusiones del presidente de la SCJN deja absolutamente claro el alcance: “El ejercicio de un derecho constitucional, no puede ser un delito”.
El tema ahora estará, no solo en la cancha del estado de Coahuila, sino de cada entidad federativa, pues a partir de hoy se determinó que son inconstitucionales las normas penales de los Estados que criminalicen el aborto.
Sí, esto incluye a Guanajuato, que enfrenta el reto de cumplir la obligatoria interpretación constitucional que ha hecho la Corte, o seguir violando los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes.
Si los próximos legisladores no lo van a hacer, ni siquiera debería de tomar protesta, pues estarían incumpliendo la Constitución Federal, esa que van a jurar cumplir y hacer cumplir.
Alejandro Navarro sin margen de maniobra
Una vez que el alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz y el interino de San Miguel de Allende, Gonzalo González, aceptaron a regañadientes las recomendaciones que les impuso el ombudsman estatal Vicente Esqueda, quien fue llamado a escena, es el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña, todos los mencionados militantes del PAN, incluyendo a Luis Alberto Villarreal, alcalde de SMA con licencia y a quien le toca realmente la recomendación de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos por agredir a dos reporteras.
Ricardo Ortiz y Gonzalo González habían señalado que no acatarían las recomendaciones que les impuso el panista Vicente Esqueda, un procurador de los Derechos Humanos que evidentemente no cumple con el perfil para ocupar dicho cargo; por ello la postura adoptada por los mencionados, de batear las recomendaciones de Esqueda, estaban exhibiendo a este de manera burda.
Por eso habría que tenido que intervenir el dirigente estatal del PAN, para pedirle a Ricardo Ortiz y Gonzalo González, que aceptaran las recomendaciones, pues además en estos días el PAN está siendo exhibido a nivel nacional por la ocurrencia de firmar la carta de Madrid, una propuesta del partido español de ultraderecha VOX, lo que implicaría que el PAN iría por un retroceso el materia de defensa de derechos humanos.
Por eso Alejandro Navarro Saldaña, el alcalde de Guanajuato capital, a quien se le envió una recomendación de la Prodheg, por un incidente ocurrido el 18 de julio del año pasado, cuando se exhibió a una pareja de jóvenes que habrían violado el Bando de Policía y Buen Gobierno, quienes se presume tenían relaciones sexuales en la zona del monumento al Pípila, no tiene mayor margen de maniobra y salir con que no acepta la recomendación.
Aunque de Alejandro Navarro Saldaña todo se puede esperar, máxime que su mentor Luis Alberto Villarreal, declaró públicamente que él no aceptaba la recomendación, aunque en realidad no le tocaba decidir al respecto, sino al alcalde interino Gonzalo González.
Lo que refleja la recomendación hecha al gobierno del Alejandro Navarro, es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, no es una institución ejemplar, que se caracterice por la defensa de los derechos humanos, por eso una vez más entre los observaciones que se hacen es que se capacite a los integrantes de la Policía Preventiva en materia de derechos humanos, además de que se investigue a quien se le ocurrió exhibir a la pareja de jóvenes que cayeron en una falta mínima.
Fue una ocurrencia exhibir a los jóvenes que presuntamente violaron el Bando de Policía y Buen Gobierno, filtrando video de la pareja en las redes sociales, lo que no es un problema menor, pues es una práctica recurrente lo que sucede en la SSC, filtrar la información a medios afines al alcalde y sus ocurrencias, lo que es una señal de que hay una descomposición importante en ese organismo.
