Celaya ha sido primer lugar nacional en homicidios de policías en todo el país, y ahora suma un delito de alto impacto más en contra de los uniformados: la desaparición.
Juan Arturo Martínez Martínez, comandante de la Policía Auxiliar de Celaya desapareció desde el pasado 5 de abril, cuando salía de turno. Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo conocimiento desde ese mismo día, no fue hasta cuatro días después que la noticia se hizo pública.
Los operativos que Pablo Muñoz Huitrón dijo que se implementaron para la localización del comandante, no han dado resultados, ni con el involucramiento de la Célula Municipal de Búsqueda, ni con la participación de la Fiscalía General del Estado.
La ficha del comandante ya se está difundiendo, tal y como ocurriría en cualquier otro caso, y aunque las primeras horas para localizarlo ya hayan transcurrido.
La violencia en contra de los policías celayenses sigue siendo una constante en la administración de Juan Miguel Ramírez, tan es así que el propio escolta personal del alcalde fue asesinado en este 2025.
En tanto que el exdirector del Infopol fue atacado, así como la comandante de la Policía de Género.
Esta administración los objetivos del crimen han sido policías de mayor rango y en algunos casos, las agresiones sí se han concretado.
Extorsión en las infancias y adolescencias
En Guanajuato, el aumento de casos de extorsión contra niñas, niños y adolescentes es una señal de alerta que no puede pasarse por alto.
En tan solo los dos primeros meses de 2025, 21 menores han sido víctimas de este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Este tipo de violencia, que antes parecía no alcanzar a las infancias, ya es una realidad que exige una respuesta urgente.
La protección de las infancias no es tarea exclusiva del gobierno.
La sociedad civil, las familias, las escuelas y los medios de comunicación tienen un papel crucial en la prevención, denuncia y atención de estos casos con políticas públicas efectivas.
Los derechos de niñas, niños y adolescentes, como vivir libres de violencia, están protegidos por la ley y hacerlos valer no es una opción, es una obligación ética y legal que debe pasar por alto.
