Mientras Tabasco se convierte en la entidad 24 en legalizar la interrupción del embarazo, en Guanajuato las iniciativas a favor del aborto, como derecho, están siendo prácticamente desechadas en Comisiones por los legisladores panistas.
Y por si fuera poco, ayer la legisladora panista Noemí Márquez presentó una iniciativa para la creación de la “Ley de Protección de la Maternidad y la Primera Infancia para el Estado de Guanajuato”.
Esta propuesta ha sido criticada por legisladoras de oposición, como Sandra Pedroza de Movimiento Ciudadano, al considerar que se trata de otra manera de bloquear las iniciativas proaborto e imponer una postura de “conservadurismo”.
Esta iniciativa busca crear políticas públicas para garantizar a las mujeres servicios de salud sexual y reproductiva durante el embarazo, el parto y la maternidad; mismos que ya deben estar contemplados en el derecho a la salud universal.
La protección a la maternidad, parto y posparto deben ser un derecho para todas las mujeres, siempre y cuando sea su decisión ser madres.
Aunque la iniciativa puede tener buenas intenciones, lo que resalta es el contexto en el que está siendo presentada: justamente cuando se exige que en Guanajuato se legalice la interrupción del embarazo, tal y como ocurre en el resto de las entidades.
Legislar jamás debe enfocarse en imponer la moral o valores de unos cuantos.
La justicia denegada para Regina
Dice un viejo refrán: “justicia retardada es justicia denegada”, y lamentablemente eso es algo que se vive día a día, no sólo en los tribunales, sino en nuestra sociedad.
Ese es el caso de Regina N, la joven que fue violentada sexualmente por Jorge N en Irapuato hace casi cuatro años.
Era mediados de 2021 y él festejaba haber sido electo diputado federal. Esa misma noche, luego de los festejos, cuando él la llevaba a casa sucedieron los hechos que motivaron que Regina lo denunciara penalmente por violación espuria.
A partir de ese momento las cosas, sobre todo en la Fiscalía y en los tribunales, tanto locales, como federales, han transcurrido con una pasmosa lentitud.
Ayer no fue diferente, la audiencia que estaba programada para revisar las medidas cautelares impostas al acusado, nuevamente fue pospuesta, con los reclamos, pero al final con la complacencia del juzgado.
Lo más grave es, que luego de estos -casi- cuatro años, el juicio se encuentra muy lejos de llegar a una sentencia definitiva.
Así nuestro sistema judicial, retrasando los juicios, sin importarle que al hacerlo, comete la más grande ofensa a la víctima y a la sociedad: denegar la justicia.
