La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ya se pronunció: las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado violentaron el derecho a la vida de Leonardo Reyes Cayente y la Fiscalía General del Estado ha violentado el derecho a la justicia de los familiares de la víctima.
Dos pronunciamientos claros que tardaron un año y dos meses en llegar, pero que al fin se conocen y que hacen todavía más urgente que las autoridades involucradas respondan al respecto. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía General del Estado tienen cinco días para aceptar o no las recomendaciones hechas por la PDHEG.
¿Ahora qué sigue? La autoridad estatal dijo que será hoy cuando se pronuncie respecto a si acepta o no las recomendaciones emitidas por la PDHEG. Podría aceptarlas totalmente o parcialmente, y así comprometerse también a capacitar mejor a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y a que no se vuelva a cometer un abuso de este tipo.
También la Fiscalía General del Estado tendrá que aceptar o no las recomendaciones y con ello, tendrá que acelerar el proceso de investigación respecto a lo ocurrido el pasado 13 de diciembre de 2018, cuando Leonardo fue abatido.
De aceptar las recomendaciones, las autoridades deben demostrar que tienen compromiso de aclarar lo que ocurrió y garantizar la justicia para la familia de Leo.
La resolución judicial también será muy importante, y habrá que ver si esta coincide o no con lo que ya dijo la PDHEG. Habrá que ver qué sucede…
Comisiones universitarias. ¿Modelo a revisar?
La manifestación de estudiantes de la Universidad de Guanajuato en la capital del Estado, ha evidenciado que la conformación de las Comisiones Especiales de Seguridad y de Seguimiento a las Políticas Institucionales y de Casos de Violencia de Género no han dejado satisfechas a las alumnas y alumnos de algunas sedes.
El conflicto no es sencillo. Por una parte las Comisiones tenían que conformarse de acuerdo a los procesos que establece la normatividad universitaria, que obligan a la emisión de una convocatoria, tanto para los estudiantes, como para el personal académico que quisiera participar en ellos; y por la otra, para una parte importante de los estudiantes, tal modelo no los representa.
Algo que habrán de plantearse todas las partes es si las posibles fallas de ese modelo impiden el diálogo para resolver algo tan urgente como son los temas que tienen encomendados las Comisiones. Porque si primero hay que cambiar esos esquemas de participación, tal vez la UG pierda un tiempo valiosísimo para proteger a su comunidad.
En una de esas se dan cuenta que a pesar de esos modelos de participación, se puede dialogar y avanzar.
