“Quédate en casa”, fue la recomendación que enérgicamente lanzó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal este fin de semana. Fue según nombró él ‘la última oportunidad’ de evitar un pico exponencial de contagios por Covid-19.
En México estamos en fase dos. En Guanajuato desde hace dos semanas que se suspendieron las clases para evitar la propagación del coronavirus.
Dice el dicho: “nadie experimenta en cabeza ajena”, y eso es lo que pareciera estar esperando una buena parte de la población, que aminoran un problema de salud que ha llevado a naciones como China, España, Italia y Estados Unidos a un colapso en sus respectivos sistemas de salud y económicos.
Pero a muchos mexicanos no les importa, ellos se lo toman como unas ‘vacaciones’, pagadas para los más afortunados a quienes mandaron a hacer home office, o quienes son empleados por corporativos que pueden o se hicieron responsables de asumir total o parcialmente sus responsabilidades económicas.
Mucha gente está en la calle. En redes sociales se pueden ver videos de zonas comerciales llenas de personas, y en los fraccionamientos hay fiestas con mariachi, con alberca, reuniones familiares y de amigos.
Como si no tuviéramos una pandemia enfrente, como si no entendieran la gravedad del asunto. Hoy están en la calles, ojalá que mañana no saturen las áreas de hospital.
El caso Leo, aún falta mucho por recorrer
Tras un año y tres meses finalmente la Fiscalía General de Justicia en el Estado tomó una determinación en el caso Leo, el migrante abatido por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública de la entidad en la comunidad de Corralejo de Abajo, de San Miguel Allende, aquél diciembre de 2018.
La decisión de la FGJ se da luego de que hace apenas unas semanas la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHG) hiciera una serie de recomendaciones, tanto a la propia Fiscalía como a otras instancias del Estado.
Concluir no ejercer acción penal en contra de los agresores de Leo, tras suponer una legítima defensa, lo hace pasar, según la Fiscalía, de agredido a agresor, lo cual ha sido negado sistemáticamente por la familia, por los amigos de Leo y puesto en duda por la propia PDHG.
Ahora a los deudos de Leo no les queda más opción que seguir un periplo de más y más meses en recursos legales y juicios de amparo para tratar de conocer la verdad de lo sucedido aquella noche y esperar que con ello que se haga justicia. Un camino que nadie debiera recorrer.
