Tal vez, lamentablemente, nunca se han ido las agresiones sexuales de la Universidad de Guanajuato, sólo que ahora, uno de los grupos más vulnerables ha vuelto a encender las alarmas.
Se trata de alumnas de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao (Prepa), las que han salido a reclamar públicamente las acciones de al menos tres profesores: German, Saúl y Armando, a quienes señalan como acosadores.
El problema cobra una magnitud aún más grave, al considerar que las víctimas son menores de edad, y por tanto requieren de una tutela, protección y acompañamiento especial.
La Universidad de Guanajuato, a través de un comunicado muy general salió para rechazar las conductas de los presuntos agresores, ha reiterar sus compromisos y a reafirmar que dará atención a las denuncias.
Más allá de estos señalamientos generales, la rectora general, Claudia Susana Gómez López ordenó la separación de tales profesores, evitando con ello cualquier interacción con el alumnado.
Sin duda falta mucho por hacer, como acompañar a estas alumnas en el ejercicio de las acciones penales procedentes, garantizar la absoluta protección a ellas y a todas, así como definir, lo más pronto posible el estatus laboral de los presuntos responsables.
También es urgente para la Universidad revisar si sus protocolos están funcionando adecuadamente, y si las áreas administrativas que atienden estos casos son suficientes.
Iniciativa para que trabajen los diputados
Es irónico, por decir lo menos, que los legisladores guanajuatenses impulsen una iniciativa para evitar el rezago de propuestas cuando ellos mismos han sido los principales responsables de que muchas terminen archivadas.
La diputada del PVEM, Luz Itzel Mendoza, ha señalado la urgencia de atender iniciativas y puntos de acuerdo en tiempo y forma, argumentando que la “congeladora legislativa” es resultado de intereses partidistas.
Lo cierto es que, más que un problema de eficiencia, el Congreso del Estado tiene un problema de voluntad política.
Ejemplo de ello es el freno a iniciativas fundamentales en materia de derechos humanos.
Mientras buscan agilizar el trabajo legislativo en términos administrativos, han mantenido en el olvido propuestas esenciales como el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+ y la despenalización del aborto. En estos temas se ha optado sistemáticamente por ignorar, archivar y postergar, dejando deudas históricas con sectores vulnerables de la sociedad.
No se puede hablar de eficiencia si el objetivo es agilizar unas iniciativas mientras se obstruyen otras. Guanajuato necesita un Congreso que actúe con congruencia, que priorice las necesidades ciudadanas y que no utilice la congeladora de manera selectiva. Si el verdadero interés es atender los productos legislativos con prontitud, la prueba de fuego será si también desempolvan aquellas propuestas que llevan años esperando justicia.
