La evolución en el conocimiento de la pandemia de COVID-19 ha sido maratónica. Incontables son los datos que se suponían al inicio de la emergencia sanitaria, pero que se han ido descartando o desmitificando, gracias a un término acuñado por la comunidad médica: la evidencia comprobada.
No se trata más que de las pruebas fehacientes, científicas y objetivas que brinda la ciencia, en medio de una crisis generalizada que clama por una solución de tajo, pero cuya respuesta lleva su tiempo.
En ese proceso ha sido fundamental la opinión pública de médicos especialistas como Alejandro Macías y Juan Luis Mosqueda, ambos de renombre en la medicina nacional, que los guanajuatenses tenemos la fortuna de tener avecindados en una ciudad como León.
La última información que fue aclarada oportunamente por Macías tiene que ver con la llamada reinfección de COVID-19, la cual se tomaba como un hecho dentro de los riesgos y advertencias para guardar la cuarentena.
Al paso de los meses, ha quedado claro que no hay posibilidad de reinfección, ni en el corto o mediano plazo, pero sí hay otra preocupación que el propio excomisionado nacional para la atención de la influenza AH1N1 expresó a través de su canal de YouTube con más de 100 mil suscriptores: las secuelas o síndrome postCOVID.
Se trata de todas aquellos efectos secundarios así como de los daños provocados por el coronavirus en el organismo que fue infectado. Desde fallas en la respiración hasta problemas neurológicos, son cuantiosos los efectos que el especialista advirtió como parte de la nueva carga de salud pública que se deberá asumir a partir de ahora.
Si bien se espera una solución con las diferentes vacunas en desarrollo, la cantidad de gente enferma de COVID-19 padecerá durante varios meses de los estragos que en su cuerpo dejó esta enfermedad.
Ahí radica la importancia de la opinión especializada, que lejos de crear ruido puede orientar a la ciudadanía, pero más aún, puede ser determinante en las decisiones de gobierno ya sea integrados o no a los consejos y grupos de trabajo actuales
Siempre será bienvenida una voz certera, informada y educada frente a crisis sanitarias como las que privan en el mundo.
La culpa la tiene el COVID
Ahora resulta que todo lo que pasa es culpa del COVID-19 y es el pretexto ideal para incumplir con acuerdos firmados mucho antes que la pandemia afectara en Celaya, tal y como ocurre con las empresas del transporte público, que ahora piden una prórroga para llevar a cabo la modernización del servicio, firmado en noviembre del 2019.
Anunciado el Sistema Integral del Transporte, las 13 empresas se comprometían, con las concesiones en mano y un aumento a la tarifa a 10 pesos, a conformar una empresa integradora, a desarrollar un estudio técnico para del transbordo gratuito y sobre todo, renovar las 65 unidades obsoletas con más de 15 años en servicio.
Pasado el término y sin nada hecho, ahora ya llegan las solicitudes a cada uno de los regidores del Ayuntamiento, para que se otorgue una prórroga hasta que la pandemia termine en el mundo, para entonces contemplar la manera de efectuar los cambios para mejora del servicio a los 230 mil usuarios que cada día utilizan el transporte público (previo a la pandemia) claro, siempre y cuando el Gobierno entregue la renovación de los títulos de concesión para que las empresas tengan la certeza jurídica.
