Las recientes declaraciones del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, son alarmantes.
No solo intenta trasladar la responsabilidad de la inseguridad a la federación, sino que también revela un abandono institucional evidente hacia los policías municipales.
Celaya se ha convertido en el epicentro de la violencia contra elementos de seguridad pública, situación que incluso ha sido reconocida por la federación sin que se implementen medidas efectivas para prevenir más homicidios.
Es preocupante que el alcalde culpe a la federación de ser responsable de estos crímenes cuando existe una estrategia de seguridad municipal y toca a esa estrategia prevenir la comisión de delitos.
La falta de coordinación entre las autoridades locales y federales es clara, baste recordar que Celaya ha rechazado el mando único, y defendido una estrategia de seguridad ineficaz.
Mendoza debe asumir la responsabilidad que le confirieron los celayenses al elegirlo, dado que la violencia y la falta de coordinación entre niveles de gobierno no justifican evadir su deber de prevenir y atender la inseguridad en Celaya.
“Despenalizar” el aborto
Cristina Márquez ha sido diputada local durante seis años y en todo este tiempo, ha dejado ver innumerables veces que está en contra de legislar para permitir la interrupción legal del embarazo en Guanajuato.
En su última declaración sobre el tema, la panista incluso señala que “despenalizar el aborto, no es una medida que pueda contribuir a combatir la violencia contra las mujeres”.
Nuevamente a Cristina Márquez se le olvida que quien ya despenalizó el aborto fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación -ese poder que ella pide respetar- y que es esta instancia la que tiene la última palabra.
Tan es así, que nadie podría ir presa en Guanajuato en caso de abortar, aunque el Código Penal todavía lo tenga contemplado, sólo porque a los legisladores no se les ha dado la gana modificarlo.
Ella dice que no ayudaría a reducir la violencia contra las mujeres, pero prohibir el derecho a decidir, en sí ya implica una violencia: pues niega la posibilidad de accionar contra tu propio cuerpo y también niega la posibilidad de tener atención médica de calidad y gratuita.
Finalmente, dice que no se trata de una postura política sino que es un resultado de análisis técnicos. Pero, ¿entonces por qué otros partidos sí lo apoyan y por qué muchos colectivos y mujeres demandan este derecho? Y ¿Por qué la SCJN lo despenalizó?
En fin…
