El gobierno de Alejandro Navarro vio en la explosión ocurrida ayer por la mañana, la oportunidad de exigir a la ciudadanía que regularice los servicios de renta de habitaciones mediante plataformas digitales como Airbnb.
Apenas unas horas después de haber ocurrido el lamentable acontecimiento, el gobierno envió un comunicado en donde hizo énfasis en que esta casa, cercana a la Ex Estación del Ferrocarril, es rentada por plataforma digital.
Resulta patético que el alcalde haya usado está situación, que pudo haber sucedido en cualquier casa habitación, para pedir a los propietarios de inmuebles que ofrecen hospedaje que se regularicen.
Hay que recordar que la administración de Navarro había solicitado al Congreso Local que aprobara un impuesto para este tipo de alojamientos, mismo que pretenden sea de 10 mil pesos anuales, con el argumento de “regular”, aunque tenga todo el tinte recaudatorio. Pero con esta obligación para los dueños de casa o habitaciones, no viene una corresponsabilidad del gobierno.
Los intereses del gobierno municipal han quedado en evidencia una vez más, así como su omisión, pues pretenden cobrar sin siquiera tener un padrón de cuántos cuartos o viviendas se rentan mediante las plataformas digitales, y tampoco se ha dado a la tarea de revisar si las condiciones son las adecuadas para que puedan ser ofertadas en renta. No se hace una verificación de las instalaciones y tampoco de la seguridad que ofrecen.
Las revisiones a las viviendas son una necesidad en Guanajuato, las condiciones de humedad y antigüedad de algunas propiedades, hacen realmente indispensable que Protección Civil deba emitir un diagnóstico.
Una de las primeras versiones informaba que la explosión había ocurrido en una casa de estudiantes; en las que también se ha insistido que el gobierno intervenga y en donde, finalmente termina siendo en muchos de los casos, la UG quien da el visto bueno para que pueda ser habitada.
