El pleito en San Miguel de Allende por el control del sistema de agua potable (Sapasma) sigue escalando.
Seguramente la decisión de Luis Albero Villarreal de nombrar a un grupo de consejeros a modo en dicho organismo ha sido un enorme desaseo político; pero el desconocimiento que ha hecho de ellos y ellas Mauricio Trejo, el nuevo alcalde, también lo es. Y más al pretender nombrar a un Consejo Directivo diverso, sin resolver jurídicamente la situación de quienes estaban en funciones.
La duda es si Mauricio Trejo pretende restaurar la legalidad y corregir lo hecho por Villarreal, o solo poner a sus incondicionales en una posición estratégica para su gobierno.
Hay que recordar que la autonomía de estos organismos también conlleva que trasciendan a las administraciones municipales, para evitar precisamente este tipo de presiones.
Mientras ello ocurre las acciones legales estan iniciadas, el pleito trabado y la incertidumbre, que en nada favorece a los sanmiguelenses sucediendo en medio de lo que parece más una vendeta que un acto de gobierno.
¿Y el yo sí te creo? ¿Y la perpectiva de género?
Cuando parecía que nuestro sistema judicial había avanzado, aunque fuera un poco en la implementación de un mejor sistema de impartición de justicia para castigar las agresiones a mujeres, un par de casos, en los que es acusado el diputado panista que no fue (Jorge N), muestran que no es así.
En el primero de ellos, la Fiscalía decidió creerle a él, no a ella y reclasificó el delito a su gusto, o tal vez al gusto del inculpado, olvidándose de proteger a la víctima.
El segundo caso no es muy diferente. La Fiscalía ha sido omisa en judicializar la causa, tal vez sabiendo que si lo hace pone en riesgo las medidas cautelares que le permiten estar libre al diputado.
Lo cierto es que la Fiscalía ha dejado en claro que ha procesado los casos ha conveniencia del victimario y que las víctimas han importado poco o nada.
Como tampoco ha importado a la juez la creación de protocolos para juzgar con perspectiva de género, como el publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El revés dado por la Fiscalía en ambos casos y por el Poder Judicial del Estado en uno de ellos, marca un retroceso gravísimo en nuestra sociedad.
