¡Ah caray!, Los autoridades presumen que lo que menos quieren es ser observadas y acumular recomendaciones por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHG) pero los alcaldes de Irapuato y San Miguel de Allende salieron al revés.
Ricardo Ortiz presidente de Irapuato y el presidente interino de SMA, José Gonzalo Gonzalez no respondieron a las recientes recomendaciones que les mandó este organismo del cual es titular Vicente Esqueda Mendez.
Ambas situaciones son graves, primero porque no están reconociendo que como autoridades le fallaron a la ciudadanía y hubo víctimas, incluso un menor fallecido que lamentar.
Ortiz pareciera que no acepta que la corporación de policía terminó por arrebatarle la vida a un menor de 12 años en el ejercicio de un operativo y en donde otro menor resultó lesionado. El plazo para que respondiera concluyó y no hubo ni disculpa pública.
Por otro lado en SMA, aunque José Gonzalo no fue quien violó los derechos de las periodistas Ana Luz Solís y Antonieta Herrera, como suplente de Luis Alberto Villarreal debe asumir las recomendaciones y también se le hizo de noche.
Aunque Esqueda asegura que no es que les valga el trabajo de la Procuraduría, pues pareciera que sí porque si no le hacen caso y obedecen a un organismo que se encarga de velar por los derechos humanos, entonces pueden cometer las arbitrariedades que deseen.
Lo que sigue es que tendrán que ser llamados por el Congreso Local para dar explicación, la más sencilla: ¿Por qué te niegas a reconocer la recomendación tras una falta cometida en tu administración?
Y no, no es que se castigue a los alcaldes pero al menos tendrán que dar la cara y responder la razón de su negativa.
El “sí” al museo de las momias
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Fiscalización armaron una supuesta mesa para escuchar a los ciudadanos, descontentos por el crédito que piensa solicitar el gobierno de Alejandro Navarro para construir un nuevo museo de las momias.
Pero se sentaron por horas y horas sin escuchar los argumentos en contra del endeudamiento, porque luego en una mesa de trabajo “técnica” dicidieron darle el sí al capricho del alcalde capitalino.
Ya se veía venir, la solicitud llegó al Congreso el 09 de agosto, se le dio trámite y la comisión presidida por el panista Victor Zanella, la radicó de inmediato y se planificó su metodología.
Este miércoles, los legisladores ya acordaron un dictamen positivo.
Dos semanas les tomó a los diputados decidir sobre una deuda que costará a los ciudadanos de la capital no solo 70 sino 90 millones de pesos, considerando los intereses.
Lo peor es que el compromiso quedará por 10 años o más, es decir trascenderá la administración de Navarro y hasta dos posteriores.
Como si las momias necesitarán un nuevo hogar. Lo que los muertos piden es descansar en paz.
