Ayer por la tarde concluyó la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se analizaron las diversas impugnaciones que hubo en contra de la reforma a la Constitución Federal sobre el propio Poder Judicial.
La Corte, no sin tumbos y tirones acabó desestimado todas las impugnaciones, lo que significa que la polémica reforma ha quedado con validez plena y aplicación absoluta en todo el territorio nacional.
La decisión de la SCJN significa además que se tienen que retomar todos y cada uno de los procesos ordenados en ese texto constitucional, entre ellos la necesaria modificación a la Constitución de nuestro Estado, a pesar de estar pendiente la Controversia Constitucional que se planteó desde el gobierno de Diego Sinhué, pues ayer quedó validado el nuevo texto.
Incluso, aún si se pretendiera que no es así, es obvio que el resultado que emitirá la SCJN será igual, al menos en votos, que lo decidido en la sesión de ayer.
Para ello, el Congreso local dispone de 180 días, que empezaron a contar a partir del 16 de septiembre, esto con independencia de que la reforma se aplique en 2025 o en 2027.
Así, Guanajuato tendrá que votar a sus magistrados y jueces, así como reformar el actual Consejo del Poder Judicial, cuyos integrantes también deberán ser electos por voto popular.
Todo supone que nuestra Cámara de Diputados llevará esta reforma sin mayores prisas y que la aplicará aún con más calma, pues obviamente al PAN no le interesa perder las posiciones que tiene en el Poder Judicial y para ello dispone de la alianza no sólo con el PRI y PRD, sino con MC y el Verde, quien no ha tenido problema para declarar terminada su alianza estatal con Morena y sumarse a las propuestas del PAN.
Mientras todo esto ocurre, el reloj parlamentario está andando.
Compromisos y disposición
Con la nueva estrategia de seguridad denominada Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen “Confía” del gobierno Estatal, sin duda una de las preguntas que surge, es ¿qué tanta voluntad tendrán los municipios para adherirse a la coordinación de ella?
Hoy en nuestra portada plasmamos que la mayoría de los municipios del estado no han cumplido con los compromisos en materia de seguridad para acceder al financiamiento estatal que se pactaron en la pasada administración.
Hasta el 30 de septiembre, 28 de los 46 municipios no cumplieron de lleno con los compromisos, aun cuando estos ‘serian recompensado por el estado‘.
Ante estos resultados, ¿esta iniciativa tendrá continuidad en la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo o será una de las muchas estrategias de seguridad que concluyen con el año fiscal?
Durante la gestión de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se destinaba una bolsa anual de 200 millones de pesos que se distribuía entre los municipios que cumplían con los requisitos en operatividad, tecnologías, prevención del delito y protección civil.
La falta de cumplimiento de compromisos debe ser analizada a fondo por esta administración, dado que el tema no es menor y urge una alineación eficaz para no solo fortalecer la seguridad de las demarcaciones en lo institucional, sino en la operatividad y en los resultados.
La seguridad en Guanajuato no solo depende de presupuestos, sino de la verdadera disposición de cada administración para priorizarla.
