Sin duda alguna, el mayor peso de responsabilidad para evitar los contagios de COVID-19 empieza por uno mismo. El criterio para decidir adecuadamente en el día a día, pasa por tomar en serio las medidas claras y repetidas durante la emergencia sanitaria.
Pero ¿qué ocurre cuando tomar el transporte público no es más que la única opción para seguir, más o menos igual, el día a día de un trabajo que es la única tabla sobre el mar para llevar a flote a una familia?
A estas alturas, sabemos que es el transporte público uno de los principales focos de contagio, simple y sencillamente por la incapacidad de mantener la sana distancia en un lugar cerrado. Es entonces donde la sensatez de quienes ostentan las decisiones sobre este servicio público concesionado, es más que requerida.
En su último mensaje al respecto, el alcalde de León anunció un incremento del 25 por ciento en los servicios, que desde meses atrás los usuarios reclamaron. Es una decisión que tardó en tomarse, pues se estaba bajo la lógica de obligar al uso del cubrebocas.
La pandemia sigue y entre la sociedad permea el uso del cubrebocas, pero los contagios no paran.
Con la decisión del presidente municipal y los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano de León, se confirma la acción y la reacción en un uso elemental de la lógica.
Tener unidades sanitizadas importa, tanto como el uso del cubrebocas y del gel antibacterial entre los usuarios. Pero ni hablar, importa aun más el mantener un flujo de servicios que evite aglomeraciones e incluso, limite la cantidad de personas en una unidad de transporte.
Una triste normalización
Carlos Chávez, el regidor integrante de la Consejo de Honor y Justicia de la Policía Preventiva capitalina, le parece normal que haya elementos que son detenidos y acusados de delitos, por policías ministeriales.
Y en realidad el ingeniero Chávez tiene la razón, pues es normal que las policías de todos los niveles estén lastradas por la corrupción, que incluso algunos de sus elementos trabajen para el crimen organizado, eso sucede en muchas de las policías preventivas municipales de los estados de la República.
Por eso no hay que hacer escándalo si cuatro elementos actualmente están en prisión preventiva acusados de diversos delitos, aunque tendrían que ser cinco, pero uno se puso vivo y anda prófugo.
Además dos de los detenidos trabajaban como escoltas de Alejandro Camacho, el comisario de la Policía Preventiva, un dato que no se tendría que tomar en cuenta, pues además Alejandro Camacho, como es sabido es de todas las confianzas del presidente municipal Alejandro Navarro y de la esposa del alcalde Samantha Smith.
Además a los detenidos se les aprehendió por elementos de la policía ministerial, no es cierto que ellos haya ido por su propio pie a presentarse ante el Ministerio Público.
Uno de los elementos que está en prisión desde hace varios meses, de nombre Moisés, le tocó tambo después de un operativo en el que participó Alejandro Camacho y en el que resultó muerto a balazos un perro, un can, lo que no les cayó en gracia a los dueños del animal pues además los policías y se presume que el propio Alejandro Camacho golpeó a los demandantes.
Por eso no extraña la postura de Carlos Chávez, quien se ha caracterizado por descalificar las acusaciones que se hacen contra elementos de la PP, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones la regidora Magali Segoviano, además si resulta que es cierto y los policías son aprehendidos por demandas en su contra es algo normal.
No hay que asustarse, Guanajuato capital no es una isla, y su policía como sucede en la mayor parte de las policías del país pueden caer en delitos, eso es lo normal, pues además la ciudadanía, los electores han dicho que están cansados de la corrupción y de la inseguridad, por lo que el regidor simplemente les está dando la razón.
