La discrepancia entre los hechos y los datos que reporta la Fiscalía General del Estado, se ha convertido en una condición recurrente, aún con los altos índices de violencia que presenta Guanajuato en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La disparidad que ya ha sido denunciada en medios de comunicación así como por la oposición, ha llegado con nuevos ojos a la sociedad civil organizada que brinda estudios del ámbito nacional como lo es Causa en Común
La verdad es que era cuestión de tiempo. Mientras la Fiscalía de Guanajuato reportó 274 víctimas de homicidio doloso en el mes de abril, los registros en prensa que recopila Causa en Común señalan al menos 300.
Qué casualidad que con ese cierre oficial, abril quedó como el segundo mes con más homicidios en 2023, solo por detrás de marzo con 299; con un reporte real se confirmaría la tendencia nuevamente al alza.
Si bien las discrepancias marcadas en registros de delitos pueden ser por falta de capacitación de funcionarios o la persecución de delitos por la facilidad de la imputación, en el caso de Guanajuato se mantiene como una práctica permanente que difícilmente no pueda suponer dolo o intencionalidad.
Ahí están los feminicidios que en los registros hemerográficos se han documentando por lo menos 16 víctimas pero en cifras oficiales, pero sólo reporta cuatro casos, frente a 141 asesinatos de mujeres en el primer cuatrimestre de 2023.
Como bien advierten los investigadores de Causa en Común, la manipulación o maquillaje de cifras ya es un tema nacional que debe ser revisado con atingencia. Al final, se trata de una herramienta estadística que por falle u omisión, pierde toda validez y credibilidad al procesar datos sesgados.
Militarizar la vida nocturna
Lo cierto es que a partir de este sexenio tenemos al Ejército, Marina y Guardia Nacional, hasta en la sopa, menos trascendiendo en beneficio de la seguridad de la población
Poco a poco Andrés Manuel López Obrador les ha encargado cada vez más tareas, incluso a costa de trastocar su esencia.
Con ese poder, los militares ahora se sienten con el poder de incidir en nuestra vida cotidiana. De modo tal que sus “propuestas”, en materia de seguridad, se convierten casi en instrucciones a los municipio, aunque en términos reales todos sepamos que no solo no van a funcionar, sino que limitan derechos humanos y ponen en más riesgo a la población.
Tal es el caso de la propuesta de limitar el horario nocturno de los bares y centros nocturnos, que seguramente los municipios adoptarán a finales de este mismo mes.
Sedena, Semar y la Guardia Nacional no han creado una sola política pública en favor de la seguridad pública, y una muestra es esta ocurrencia más reciente.
