La agresión sexual cometida por un hombre, quien mordió el glúteo de una joven en Celaya, hizo evidente una realidad diaria para muchas mujeres: el acoso y abuso sexual cometido en la vía pública.
Aunque hay tres artículos en el Código Penal de Guanajuato que permiten reconocer y sancionar el acoso sexual, la realidad es que no hay muchos casos conocidos donde estas conductas concluyan con un proceso penal.
Tras haber sido mordida, la joven celayense acudió ante la Fiscalía General del Estado, cuyos trabajadores le dijeron que no había elementos si quiera para abrir una carpeta de investigación y se rehusaron a ver el video de la agresión en su contra.
No fue hasta que se hizo viral y que la joven denunció públicamente la omisión de la FGE, que se tomaron cartas en el asunto, mismas que ya lograron la detención y vinculación a proceso del presunto agresor.
El abuso sexual se castiga hasta con 10 años de cárcel en Guanajuato. Seguramente muchos abusadores jamás verán un castigo, pues no a todos se les filma el flagrancia y no todas las víctimas se atreven a denunciar, justamente por pensar que nadie les hará caso o que la propia FGE desestimará el tema.
Tal vez no haga falta otra legislación que endurezca las sanciones para quienes cometen acoso o abuso sexual en la vía pública, sólo hace falta que comience a castigarse a los agresores y que las autoridades crean en las víctimas.
La lucha contra el cáncer y el sistema de salud
Cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, su lucha no debería ser contra el sistema de salud, sino contra la enfermedad.
Sin embargo, en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, las familias de quienes padecen este mal han tenido que enfrentarse a la falta de medicamentos, insumos y equipos médicos.
Esta situación ha orillado a que los familiares de estos pacientes exijan lo más básico: el derecho a la vida.
La realidad es inaceptable. Hay tratamientos que alcanzan costos de hasta 45 mil pesos, cifras imposibles para muchas familias que ya enfrentan la angustia de la enfermedad.
Y aunque el gobierno estatal apoye con algunos medicamentos a través del Centro Estatal de Trasplantes, la disponibilidad es incierta.
Mientras tanto, los pacientes tienen que recurrir a laboratorios privados, pagar sus medicamentos por fuera y endeudarse en la esperanza de sobrevivir.
Más allá de protestas y llamados a la federación, lo cierto es que el sistema de salud está fallando y por lo tanto urge que el gobierno federal asuma su responsabilidad pues se corre el riesgo de que las vidas de estos pacientes, por la negligencia y el abandono, de pierdan.
