- CORPORACIONES EN ABANDONO
- A BESARSE… OTRA VEZ
- SAPAL Y SUS TRATOS PREFERENCIALES
- ¿ESPIONAJE O INTELIGENCIA?
Corporaciones en abandono
Diversos casos de abuso laboral, sexual y hasta actos de corrupción fueron denunciados en pasados días por elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, y también por un exagente de las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado.
Bastó que alguien comenzara a hacer las denuncias públicas -que después se formalizaron ante instancias como la Procuraduría de los Derechos Humanos y Asuntos Internos-, para que otros decidieran hablar.
Un ejemplo grave fue cuando un exelemento de las FSPE denunció hasta haber sido privado de la libertad por parte del Grupo Táctico de la corporación y con la anuencia de altos mandos.
Y aunque también en este caso ya se denunció, el diputado del PAN, Rolando Alcántar dio el ejemplo de lo que no se debe hacer y de por qué estos agentes pueden sentirse abandonados.
El legislador pidió que no se politice y que se evite denunciar en los medios de comunicación, para que en lugar de ello, se denuncie y así las investigaciones puedan llevarse conforme a ley. Descartando el derecho de las víctimas a expresar públicamente las violaciones a sus garantías más elementales.
Las corporaciones de seguridad pasan por momentos críticos, entre el combate a la delincuencia, el asecho de los grupos criminales y ahora también por el abandono de sus jefes inmediatos.
A ello, el diputado Alcántar quiere imponerles el silencio y quitarles el derecho de acudir a los medios a contar lo que les sucede.
A besarse… otra vez
Después de tres días, se reabrió el famoso “Callejón del Beso”, que oficialmente habría estado clausurado “por mantenimiento”.
Pero bien se sabe que pretendió ser una medida del alcalde Alejandro Navarro para poner un “estate quieto” a los pleitos que tendría la dueña del balcón de Ana, con los fotógrafos que trabajan en la zona… y de pasadita, como una forma de llamar la atención y crear controversia, justo como a él le gusta.
Y aunque hace unos días el alcalde estaba muy convencido de querer expropiar el balcón, los balcones o hasta el mismo callejón, ahora lo descarta, al menos en un futuro cercano.
Quién sabe con qué ocurrencia vaya a salir el alcalde en los próximos días, si es que de verdad no se llega a una solución en este conflicto entre los fotógrafos y la dueña del balcón.
Como sea, al alcalde le gusta improvisar y estar en boca de todos.
SAPAL y sus tratos preferenciales
Ojalá a todos los ciudadanos se nos diera el mismo trato que al Club León, pues a más de alguno le gustaría que se le condonara su deuda por el servicio de agua potable y drenaje.
SAPAL así porque sí, propuso al Club León que de su deuda de 42 millones de pesos, sólo pague 16 millones y a plazos… porque ¡pobres, no vayan a tener problemas para pagar!
Todo sea para que el show continúe.
El tema aquí es que se hace una colosal diferencia en los intereses públicos, pues al final, este trato preferencial no abona a la ciudadanía a quienes no se le dan semejantes facilidades.
Tampoco abona a la transparencia, pues no se hacen públicos los criterios para establecer esas condonaciones y menos a una empresa, que hasta donde sabemos, no tiene problemas económicos.
¿Espionaje o inteligencia?
Con nuestra solidaridad para Ricardo Raphael, Nayeli Roldán, Animal Político y muchos más.
Luego de las primeras revelaciones que ha arrojado el hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa (Sedena), se ha conocido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha seguido comprando y usando el polémico programa de espionaje israelí Pegasus.
Tras revelarse la intervención a los teléfonos del periodista Ricardo Raphael, del portal digital Animal Político y de un defensor de los derechos humanos, expertos canadienses, a petición de la organización Artículo 19, llevaron a cabo peritajes para determinar la veracidad de la intervención. El resultado fue lo que era evidente: han sido espiados por este gobierno federal.
Con esas pruebas, la periodista Nayeli Roldán cuestionó al presidente, quien trató de reiterar que su gobierno no espía, aunque reconoció que hace tareas de “inteligencia”.
Cabe entonces preguntar ¿Cuál sería la diferencia entre espionaje y esas tareas de “inteligencia” que supone el presidente?
La respuesta, en un estado de derecho, es solo una: las labores de inteligencia, cuando suponen alguna intervención telefónica, tendrían que estar autorizadas por un juez.
Si no se cumple ese requisito, no es más que espionaje, esto es, un grave delito cometido desde el poder, como se hizo en otros gobiernos, de los que Andrés Manuel dice ser diferente, aunque esa diferencia solo esté en la imaginación del presidente.
