Inseguridad pone en jaque a hospitales
La inseguridad ha puesto en jaque al sistema de salud pública, no sólo por la cantidad de atenciones de emergencia que se tienen que brindar diario a consecuencia de balaceras, ataques armados y agresiones, sino también porque la delincuena organizada ha vulnerado la estabilidad dentro de los nosocomios.
Todos los días los cuerpos de salud reciben llamadas de emergencia, desde las distintas corporaciones de Cruz Roja, Bomberos y hasta unidades de la propia Secretaría de Salud salen a atender a las víctimas de ataques armados en todo el estado.
Hay riesgo para quienes atienden esos llamados y hay riesgo para los médicos que reciben a los sobrevivientes en los hospitales, que generalmente terminan siendo instituciones de salud pública, y por tanto, unidades médicas que atienden a una gran cantidad de pacientes.
Anoche hubo una emergencia en el Hospital de Guanajuato que se suma a otras dos más que ocurrieron en enero, una en Irapuato y otra en Pueblo Nuevo; en estos dos últimos casos los sicarios entraron a rematar a las víctimas de ataques armados que estaban siendo atendidas.
Estas situaciones de inseguridad vulneran la protección que debería tenerse en un nosocomio, debilitan la confianza de los médicos y ponen en riesgo al personal de salud y a los pacientes. La Secretaría de Salud del Estado ha intentado reforzar los protocolos dentro de los hospitales pero no lo logran.
La escasa seguridad privada es burlada con facilidad e incluso también se penetra fácilmente la vigilancia de corporaciones municipales y estatales. No se le puede juzgar duramente a la Secretaría de Salud, después de todo, los médicos cumplen con el juramento hipocrático y brindan atención a todo aquel que lo necesita.
Juez y Parte
Cuando escuchamos Procuraduría de Derechos Humanos (PDHG) pensamos que sí somos violentados podemos acudir a que nos defiendan.
Y no decimos que no sea así, hasta ahora la Procuraduría no tiene ninguna recomendación por un mal trabajo, pero eso llama todavía más la atención.
Una ex empleada salió huyendo de ahí porque sufría acoso laboral; no era la única pero fue la que se atrevió a denunciar y hacerlo público. En otro caso quien denunció, fue despedido, incluso sacado con guardias de las instalaciones.
Ayer cuando la afectada llegó para interponer su queja enseguida le dijeron que tendría que pasar ella sola, aún cuando el reglamento en su artículo 54 dice que se le debe permitir, si así lo decide, acompañamiento legal. Al final pasó con abogados del IMUG, que llegaron tarde pero llegaron.
Hay gente que dice que los abogados que tiene el procurador José Raúl Montero son buenos, y que han solucionado casos importantes, pero en casos al interior pareciera que no ve lo que ocurre y que las condiciones de trabajo no son las más sanas.
Habrá que ir a fondo del tema, y poner lupa a la PDHG porque no sabemos si a los ciudadanos les daría confianza un organismo que trata mal a su propia gente, y que dice defiende los derechos de todos.
