El 18 de febrero pasado quienes integramos el Colectivo #fiscaliaquesirva Guanajuato presentamos un documento ante el Congreso del Estado solicitando nuevamente que se derogara el pase automático que permitió que el entonces Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, se convirtiera en el primer Fiscal.
Fundamentamos nuestro escrito en los artículos 1, 2, 6, 7, 63, de la Constitución del Estado de Guanajuato; 1, 16, 17, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); los artículos 8 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 14 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, en función de derechos civiles como los de petición, acceso a la justicia, a la representación, entre otros.
En el oficio establecimos un plazo de 18 horas para esperar respuesta, ¿Por qué lo hicimos?, por qué después de meses de haber participado en el proceso de designación no contábamos con una descripción institucional por parte del Congreso, todo había consistido en planteamientos políticos aislados, tanto en las comisiones como por parte del partido del gobierno.
En la carta hicimos tres solicitudes:
- RECONOCER QUE EL PASE AUTOMÁTICO ES INCONSTITUCIONAL, por lo que, en congruencia con la CPEUM, el Congreso de Guanajuato debía derogarlo.
- SE EMITIERAN LAS REGLAS DE LA DESIGNACIÓN EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 102 DE LA CPEUM, atendiendo a los principios y estándares internacionalmente reconocidos para el nombramiento de altas autoridades; que el Congreso, antes de iniciar el proceso de selección del Fiscal, emitiera las reglas para su elección, entre ellas la convocatoria pública.
Señalamos, que ello repercute en el derecho a contar con una justicia pronta, expedita, imparcial y completa previsto en el artículo 17 Constitucional, así como el derecho a contar con un fiscal, independiente e imparcial protegidos por Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, limita nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos frente a la procuración de justicia de las víctimas de los casos que acompañamos.
- SE CUMPLIERA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES relacionados con la selección, incluido el de la no politización de estos sistemas, tal como establecen las Directrices sobre la Función de los Fiscales de Naciones Unidas.
El Congreso del Estado ignoró el plazo establecido, a tal grado que tardó 10 días en responder por escrito, haciéndolo hasta el 28 de febrero.
En resumidas cuentas, el Colectivo sostiene los argumentos planteados en la solicitud del 18 de febrero, y los refuerza con la cláusula de interpretación conforme a los tratados internacionales presente en el artículo 1º de la CPEUM. Bajo esta perspectiva, la respuesta de la mesa directiva del Congreso en el sentido de que cumplieron lo mandatado en la Constitución local no es acorde a la Constitución General y a los Tratados Internacionales, ya señalados anteriormente.
¿De verdad el PAN cree que si decidieron dejar el pase automático en la Constitución local ésta es acorde a la CPEUM?
Otra clave que plantearemos es el principio propersona, que implica utilizar la norma que más proteja, que, como ha dicho la Corte “constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos humanos que busca, principalmente, resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas –e interpretaciones disponibles de las mismas– que resulten aplicables respecto de un mismo derecho”.
Como hemos dicho, en Guanajuato ni participación sustantiva, deliberación y proceso abierto. Puro carnalismo.
En suma, interpretación conforme, principio propesrsona, estándares internacionales e interés legítimo son los pilares que sustentan que el proceso en su conjunto y la permanencia del pase automático, es inconstitucional.
Seguiremos insistiendo en una #fiscaliaquesirva
