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lunes, marzo 8, 2021

El derecho a opinar y decidir

Hilda Marisa Venegas Barboza

 

Hoy se dice que para combatir la corrupción se requiere de pesos y contrapesos y ¿cómo hablar de contrapesos?, la participación ciudadana debe ser un medio y un recurso para dar legitimidad a las decisiones de los diferentes órdenes de gobierno. De esta manera, los gobiernos democráticos reconocen que se debe establecer una vinculación con la ciudadanía.

La sociedad reclama sus derechos como son: seguridad, salud, educación, y sobre todo un estado libre de corrupción. Sin embargo, el estado no puede resolverlo todo, se requiere del involucramiento de nosotros y de que exista una corresponsabilidad entre gobierno, sector privado y sociedad.

La corrupción es un fenómeno que daña a las ciudades, por ejemplo cuando se inflan los precios en las licitaciones de obra pública y se otorgan por asignaciones directas, cuando se dan concesiones para favorecer a particulares o empresas, cuando por existencia de lagunas legales se obtienen beneficios particulares, cuando por el exceso de requisitos en los tramites el ciudadano prefiere dar una “mordida”, cuando las personas mueren por la falta de medicinas y de sobre todo por la ineficiencia de servicio de salud apelando al artículo 4° constitucional, cuando se obtienen permisos a través de sobornos para poner un negocio y muchos otros más podemos seguir mencionando. No obstante, para que estos hechos de corrupción surjan se requiere de dos o más involucrados, es decir, una dinámica de acuerdos entre alguien que está dispuesto a recibir un beneficio y otro que responde a esta demanda.

Podríamos señalar que, corruptor es aquel que oferta o posee las capacidades para proporcionar el beneficio, y corrupto es quien se comporta de manera oportunista para beneficiarse. Existe el supuesto de que los primeros sean eventuales o mediante redes de corrupción consolidadas. Ahondando más en las redes de corrupción, la cual podría considerarse de forma sutil y profunda, debido a la enorme cantidad de intermediarios que aparecen para garantizar el cumplimiento de los acuerdos corruptos. Así pues, de forma organizada y consciente posibilitan satisfacer las demandas preferentes.

Para enfrentar redes de corrupción, las instituciones deben de mantener y mejorar los canales de comunicación, así como la apertura hacia la participación ciudadana. Además, es fundamental sumar a sus procesos las capacidades e inteligencia colectiva para beneficiar el trabajo coordinado y sistematizado. Los gobiernos abiertos involucran procesos en red, que a su vez se convierten en un sistema que aspira primero a coordinarse, en segundo lugar, a equilibrarse y posteriormente a trazar agendas autónomas con objetivos compartidos.

Es por ello que, debemos generar y consolidar mecanismos de participación ciudadana que sirvan como verdaderos contrapesos, que no sean nombrados bajo intereses particulares de algunos tomadores de decisiones y simular dentro de los gobiernos buenas intenciones para mitigar la corrupción. Así pues, de forma sustantiva, deben llevar a cabo acciones de vigilancia en la administración pública, mediante el involucramiento de la sociedad civil organizada, consejos ciudadanos autónomos, organismos autónomos, con voz para influir en la toma de decisiones.

Para que los mecanismos de participación ciudadana sean eficaces, se requiere de voluntad política, diálogo entre los involucrados, identificación de problemas colectivos o intereses comunes, medidas de control eficientes y sensibilización de la cultura anticorrupción.

Las decisiones gubernamentales se deben formular de acuerdo a nuestras necesidades, por lo anterior, como ciudadanos debemos de hacer efectiva la participación ciudadana para que nuestras voces hagan eco en el territorio que habitamos.

La decisión de participar, opinar y proponer es un parteaguas para cambiar el futuro de nuestro país. La decisión es nuestra.

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Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es un integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, conformado por 5 ciudadanos cuya función es representar a la ciudadanía dentro del Sistema, siendo la instancia de vinculación de las autoridades con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con el combate de la corrupción, colaborando con el Comité Coordinador en el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas en esta materia.

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