El título que nos ocupa formó parte de una investigación académica para obtener el grado de Maestría. Igualmente, con anterioridad, el tema nos llevó a desarrollar en su momento dos ensayos para participar y obtener beca de estudios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encaminada a cursar el posgrado.
Con ello se evidencia que no nos hemos alejado de sostener, y además ha sido bien recibida la propuesta, que a partir de las políticas públicas de desarrollo territorial y urbano, pueden cumplirse una amplia gama de derechos, en beneficio igualmente de un amplio sector poblacional, cuando a las mismas políticas les es incorporado un Enfoque Basado en Derechos Humanos.
La diferencia entre el planteamiento que sostenemos, frente a otras posturas relacionadas con el mismo tema (desarrollo territorial y urbano y derechos humanos), radica en que para algunos, resulta todavía necesario el reconocimiento de “nuevos” derechos humanos y la creación de otros tratados internacionales que los reconozcan; mientras que nosotros nos centramos más en el fortalecimiento de las “garantías jurídicas” existentes, que hagan posible los derechos humanos ya reconocidos en los tratados internacionales vigentes.
Así entonces, hemos sostenido dos puntos: (i) Que las políticas públicas de desarrollo territorial y urbano, son potentes instrumentos capaces de armonizar diversas políticas públicas relacionadas con variados temas estructurales; y, (ii) Que no se necesita el reconocimiento de “nuevos” derechos, sino el fortalecimiento de las “garantías jurídicas”, encontrando en los instrumentos de políticas públicas territoriales y urbanas, un medio para garantizar los derechos, a través de la incorporación de un Enfoque Basado en Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del año 2009, definió las políticas públicas como “los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad”.
En cuanto al Desarrollo Territorial y Urbano, es un tema de interés para toda la población del lugar en donde habitamos, trabajamos o transitamos. Es ahí donde se logra buena parte del desarrollo de las personas y su calidad de vida en su más amplio sentido, abarcando incluso el desarrollo y calidad de vida de generaciones futuras.
Las políticas públicas de desarrollo territorial y urbano de los municipios, se encuentran (o deben encontrarse), en los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dichos instrumentos municipales, normados jurídicamente en cuanto a sus alcances, regulan temas tan amplios como el territorio mismo, en el que se ordenan los asentamientos humanos y los usos de suelo, dentro de las áreas urbanizadas (aquella con servicios, infraestructura y equipamiento), áreas urbanizables (aquella contigua al área urbanizada, indispensable para el crecimiento) y áreas no urbanizables (con vocación agropecuaria, forestal o ambiental).
Así, tenemos entonces que en un solo instrumento de políticas públicas como es el de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial convergen diversos derechos humanos: vivienda, medio ambiente sano, seguridad, desarrollo, buen gobierno, agua, participación ciudadana, igualdad y no discriminación, entre otros.
Por su parte, el Enfoque Basado en Derechos Humanos, es una herramienta aplicable en todas las etapas de las políticas públicas, desde la planificación, formulación, implementación, hasta el monitoreo y evaluación de las mismas, que puede generar efectivos impactos estructurales tanto en el cumplimiento de los derechos humanos, como en la prevención y no repetición de violaciones de derechos humanos.
El Enfoque Basado en Derechos implica abandonar la idea de que el individuo es un sujeto de carencias y las acciones políticas son concebidas como beneficios asistencialistas, para reconocer que el individuo es un sujeto de derechos y las acciones que buscan resolver los problemas existentes son consecuencia del cumplimiento de deberes del Estado. Ello lleva al Enfoque a sustentarse en dos pilares fundamentales: (i) el Estado como garante de derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y protección; y, (ii) las personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos con capacidad y derecho de participar y reclamar.
Bajo las anteriores premisas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha evolucionado también en su definición de políticas públicas cuando se le incorpora el Enfoque de Derechos, señalando que “Una política pública con enfoque de derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa -a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva- con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad, e intersectorialidad”.
Así entonces, un Enfoque Basado en Derechos Humanos significa una posibilidad de que autoridades administrativas transformen en el desarrollo territorial y urbano las causas estructurales que provocan, entre otras, la vulneración de los derechos humanos; pero también una posibilidad de exigencia de los individuos y organizaciones no gubernamentales, de que sus autoridades incorporen el Enfoque en sus políticas públicas.
