Por: Amicus DH, A.C.*
El fenómeno migratorio es una cuestión a la que apuntan los reflectores en nuestro país. Día con día conocemos de noticias que se relacionan con el tema, incluso posicionamientos desde otros países al respecto.
Sin embargo, como parte de ese contexto migratorio, debe tenerse en cuenta no sólo a aquellos que pretenden dejar nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades o quienes lo atraviesan en su trayecto hacia el norte, sino que debemos considerar el fenómeno migratorio interno.
La migración interna implica el movimiento de personas, familias y comunidades enteras dentro de los límites territoriales de México. Las causas son distintas, pero sobresalen los desplazamientos motivados por el contexto de violencia que atraviesa la nación.
A partir de 2006 se ha revolucionado este problema; entre los factores determinantes puede destacarse, entre otros, la lucha por el control de territorios y rutas de distribución de droga entre cárteles, el enfrentamiento armado del Estado contra éstos, y su desintegración en pequeños grupos que se han enfocado en diversas actividades delictivas, como la extorsión –por medio del cobro de piso-, las amenazas, la destrucción de casas, el homicidio y el secuestro.
A lo anterior se lo conoce como desplazamiento forzado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó que, para mayo de 2016, el número de personas forzadas a desplazarse dentro de nuestro país era de 35,433 personas [1], siendo Tamaulipas la entidad que registra más de 20,000 casos, seguida por Guerrero y Chihuahua.
El desplazamiento forzado puede ser individual, tornándolo aparentemente invisible, puesto que únicamente afecta a unos cuantos o a núcleos familiares pequeños que son obligados a abandonar sus hogares por el sufrimiento al que han estado sujetos o por el daño que les ha sido infringido.
A su vez, la problemática llega a manifestarse de manera masiva, usualmente al momento en que una comunidad ha sido víctima de un ataque directo. Empero, a pasar de que las movilizaciones masivas pueden ser evidentes y fácilmente visibilizadas por la prensa, la realidad es que la mayoría de los desplazados se han dado en lo individual.
Es importante dimensionar que el fenómeno se ha visto potencializado desde una dimensión subjetiva, es decir, por la percepción de inseguridad de las personas.
En ese sentido, no sólo afecta a aquellos que han sufrido directamente la violencia, sino que se extiende a las personas que cohabitan el territorio, de manera que las personas huyen por temor y por la amenaza latente que implica seguir habitando la zona.
Debe señalarse que el impacto de este tipo de circunstancias se centra, de manera más aguda, en personas que tienen una situación de especial vulnerabilidad, como niños y niñas, adultos mayores, personas indígenas y personas en situación de pobreza.
En esa tesitura, resulta preocupante verificar que las autoridades han minimizado el asunto, asumiéndolo como inevitable por enfrentamiento armado y la resultante actividad delictiva que ha provocado, como una consecuencia penosa o afirmando que dichos movimientos tienen origen en motivos de índole económica.
Por ello, fuera del restablecimiento de las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, el problema debe ser tratado desde distintos frentes.
Como con muchos otros fenómenos, lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, de suerte que se reconozca que es una realidad que no puede ignorarse y que debe atenderse en base a planes estructurados y no con acciones esporádicas.
La elaboración de un diagnóstico a nivel nacional y de carácter oficial, que documente con datos e información desagregada, es el punto de partida para poder construir políticas públicas que mejoren a vida de las personas tras el éxodo que han vivido, así como el ajuste de la normatividad que sea necesario para garantizar y tutelar sus derechos.
Actualmente, son miles las personas que han dejado sus hogares atrás, huyendo de un conflicto violento que los rebasa y avanzando hacia la incertidumbre que el futuro les depara. La situación se agrava conforme pasa el tiempo; en tanto, el Estado no ha cumplido a cabalidad con su obligación de dar respuesta efectiva a este fenómeno.
[1] CNDH, Informe Especial sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, mayo 2016
*Amicus “Derechos humanos por el cambio social”
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