Alfonso Durazo Montaño renunció a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para buscar ser candidato al gobierno de Sonora, sin haber cumplido el compromiso del Presidente de la República de garantizar la paz y la seguridad en el país y dejando una estela de violencia, asesinatos, feminicidios, desaparecidos, masacres y fosas clandestinas; que siguen representando un horror para las y los mexicanos.
Deja números que lo convierten en el peor Secretario de Seguridad Pública no sólo por las cifras negativas, sino por su incapacidad para poder construir acuerdos en el ramo entre la Federación, las entidades y municipios.
Bajo su gestión se registraron 65,574 muertes violentas -63,793 homicidios dolosos y 1,782 feminicidios-. 2019 fue el año más violento de la historia de México, pues se registraron 34,669 homicidios dolosos y 959 feminicidios.
Otros datos que habría que sumar a los pendientes de Durazo es que, hasta julio de este año, el Gobierno del Andrés Manuel López Obrador acumulaba ya 27 mil 871 personas desaparecidas o no localizadas, de las 71 mil 678 registradas desde 2006. Que representa una tendencia semejante a la de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Pese a sus promesas, al comparecer ante el Senado de la República el 25 de abril de 2019, de que en seis meses habría un “punto de inflexión” para bajar los índices de asesinatos dolosos; que en tres años habría “niveles razonables de paz”, y en 2024 se entregaría el país tranquilo y estable; Durazo deja el país bañado en sangre.
Según un recuento del periódico Reforma, durante 2020 se han registrado al menos 45 masacres en México, que han provocado 320 muertes en 20 estados del país. La risa y la falta de empatía que el Presidente demostró ante esta información durante la mañanera del 18 de septiembre, es semejante a la actitud de Durazo al renunciar a su cargo sin la menor autocrítica.
Otra cifra horrenda que persiste es el número de fosas clandestinas. De 2006 a 2020, en México se han encontrado 4,092 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6,900 cuerpos. En esta administración federal, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, se han localizado 1,257 fosas clandestinas con 1,957 cuerpos.
Las últimas son las de Salvatierra y Cañada de Caracheo, Guanajuato; en donde, hasta el 29 de octubre, se habían hallado 72 cadáveres. Estos crímenes son consecuencia del fracaso de la política de Seguridad Pública instrumentada por Durazo en nombre y representación del gobierno actual. El hecho concreto es que no pudieron frenar la violencia generada por las dos principales organizaciones criminales que se disputan la región Laja-Bajio y que ésta no se terminó con la captura de El Marro.
Pero también es producto de la ineficiencia de la Guardia Nacional y de la indolencia, incapacidad y complicidad tanto del gobierno del Estado como de los municipales.
Este es otro saldo que deja el ahora exfuncionario, la coordinación burocrática y superficial sin los acuerdos adecuados en materia de seguridad entre los diferentes niveles de gobierno; y el incumplimiento de los compromisos acordados de destinar más recursos federales a entidades y municipios, combatir la corrupción entre las corporaciones policiacas, proporcionales más equipos y capacitarlas, entre otros.
No hay, desde donde se le vea, algún dato positivo de la gris gestión de Durazo. Por el contrario, abandona en el peor momento el barco.
Su fracaso es un problema que se le debe adjudicar a la política pública en materia de seguridad, aprobada e instrumentada por el actual gobierno de la llamada 4T. Sin duda, las y los ciudadanos que no ven llegar el tan anhelado cambio que prometió, se decepcionan y hasta hoy, la mayoría se manifiesta indecisa pudiendo engrosar las filas del abstencionismo o decidir apoyar alguna candidata o candidato en el 2021. El voto oculto fue parte de la sorpresa en Coahuila e Hidalgo. “Ni las victorias, ni las derrotas, son para siempre”. Hechos, no palabras.
