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martes, marzo 2, 2021

El otro semáforo que atender

En combate a la corrupción, México comenzó el 2021 en un «semáforo naranja en alerta». En diciembre del año pasado, en la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refirió que, en el país, la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente que arrastramos desde el año 2013, al pasar de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes.[1]

Otro de los sucesos que aparentan una congratulación, pero que en realidad es un paso a medias, son los resultados presentados en enero, del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020[2] de la organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional. Desde 1995, este estudio representa un indicador mundial sobre la corrupción en el sector público en 180 países. La metodología, basada en encuestas a empresarios y expertos, permite medir la percepción de la corrupción en un puntaje de 0 (corrupción elevada o muy corrupto) a 100 (corrupción inexistente o ausencia de corrupción).

Para el caso mexicano, el estudio internacional arroja que, durante 2020, México obtuvo 31 puntos, ocupando la posición número 124 de 180. Nada que celebrar: Formamos parte de las dos terceras partes de los países que están por debajo de los cincuenta puntos; la puntuación media global es de cuarenta y tres puntos, por lo que estamos muy por debajo del promedio (estamos cincuenta posiciones por debajo de esa media); de los 37 países que integramos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los que se encuentran los países latinoamericanos de Colombia y Chile, somos el peor país evaluado.

La mejor calificación que hemos tenido en los veintiséis Índices en los que hemos sido evaluados, fue en 2001, donde México obtuvo 37 puntos y ocupamos la posición 51 de 91 países evaluados. La peor calificación que hemos tenido fue en 1997, con 27 puntos y ocupamos el lugar 47 de 52 países evaluados. Este último año, México ha obtenido la décima peor calificación en la historia desde 1995. De los 35 países latinoamericanos, sólo siete son percibidas como más corruptas que México (Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay y República Dominicana).

Seguimos siendo un país percibido como corrupto, eso no es sorpresa. Lo que sí levanta preocupaciones, es el contexto de pandemia en el que todos los países nos encontramos, contexto que representa un caldo de cultivo para la corrupción en medio de una crisis sanitaria (pensemos en falta de acceso a la información o de transparencia en los procesos de compra de equipo médico y sanitario, proceso general de vacunación, y no se digan los apoyos económicos o sociales a grupos vulnerables), y en México, no es la excepción. La modernización de los sistemas de compras y contrataciones, generar espacios donde la ciudadanía sea participativa, corresponsable y solidaria en la toma de decisiones para enfrentar colectivamente problemas comunes, o la mejora de mecanismos eficientes y seguros de denuncia de actos de corrupción, por ejemplo, se vuelven una necesidad obligatoria por atender para las naciones durante una época donde la ciudadanía no tiene (y que ya de por sí, no lo tenía antes del confinamiento) una relación y vigilancia cercana de sus instituciones.

El Índice remarca la premisa “entre más democráticas, abiertas y transparentes son las sociedades, más capaces son de actuar contra la corrupción; y mientras más se socava la libertad de expresión y no se observan los derechos humanos, se perjudica la capacidad de los países de actuar contra la corrupción”. Así, se identifica que países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Suiza y Alemania, están legitimados para que sus jefes de estado puedan sacar pañuelos blancos y decir que “se está acabando con la corrupción”. Mientras que, en países como Somalia, Sudán del Sur, Venezuela, Yemen, Siria, Líbano, Malawi o Bosnia Herzegovina, el panorama es realmente sombrío. Por ello, no solamente el desarrollo económico y sanitario están en riesgo, la crisis de corrupción genera una alerta en la democracia, más teniendo, para el caso mexicano, el proceso electoral 2020-2021 en marcha.

¿Cómo hacer que el país disminuya su índice de víctimas por corrupción, o que mejore su posición, o acumule puntos en la percepción ciudadana en este fenómeno? Transparencia Internacional señala específicamente que es necesario reforzar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice el gasto en tiempo real; y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que garantice el principio de máxima publicidad.

Desde luego que la justificación del mal avance será la crisis sanitaria; pero lo que hay detrás de las víctimas de corrupción registradas por INEGI y la percepción ciudadana evaluada por Transparencia Internacional, son casos como los de los superdelegados de Guerrero (hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que usó indebidamente recursos públicos para promocionar su imagen) y el de Jalisco (quien desde 2019 tiene siete investigaciones por conflicto de interés, enriquecimiento oculto, cohecho y tráfico de influencias); las operaciones irregulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); las propiedades no declaradas en la declaración patrimonial de Manuel Barlett; los ventiladores vendidos al IMSS a sobreprecio por el hijo de Manuel Barlett; las compras con anomalías de PEMEX; la adjudicación al compadre de la titular de la Secretaría de Energía en Dos Bocas; el robo y las manipulaciones de las subastas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP); las 8 mil clasificaciones de información reservada por el Gobierno Federal en respuestas a solicitudes de acceso a información pública en dos años…

Escenas como las anteriores (donde se transparenta y publica la información a causa de investigación periodística o denuncia y presión ciudadana, más que por una voluntad institucional de denuncia, investigación y sanción), hacen que el país se vea amenazado a retroceder en los avances de un combate frontal a la corrupción. Pero hay que insistir en lo siguiente, la corrupción no es exclusiva del sector público; a pesar de que Transparencia Internacional defina a la corrupción como “el abuso del poder para beneficio propio”[3] (definición muy acotada que orilla a pensar únicamente en la corrupción en el sector público), se debe dejar atrás ese paradigma y transitar a una definición que permita no encasillar a la corrupción como una actividad propia de las instituciones de gobierno[4]. Así, en el combate a la corrupción tenemos que incluir a las empresas en la discusión; y en cuanto a la ciudadanía, concentrar esfuerzos a nivel organizacional. Con una ciudadanía más consciente de la corrupción, no todo está perdido.


[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (7 de diciembre de 2020) Estadísticas a Propósito del Día Internacional Contra la Corrupción (9 de diciembre) [en línea]. Comunicado de Prensa Núm. 626/20. Recuperado el 4 de enero de 2021 de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/corrupcion2020_Nal.pdf

[2] Transparencia Internacional (2021). Índice De Percepción de la Corrupción 2020. Recuperado el 4 de enero de 2021 de https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_CPI_ES.pdf

[3] Transparencia Internacional (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. p. 14. Recuperado el 4 de enero de 2021 de https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf

[4] Una de las definiciones que integran más elementos para lograr este objetivo, es la de Lepore y Aguilar (2012: 49-50) y Malem (2014: 171), quienes la entienden como «la violación de un deber posicional, el cual no se atañe exclusivamente al sector público, sino de todos aquellos que, aprovechándose de su posición en una relación, organización o institución, violan su deber para obtener beneficios ilegítimos». Véase Lepore, W. & Aguilar. I. (2012). El mecanismo de sanciones en el ámbito federal mexicano, 2005-2008. Un primer acercamiento empírico. En ¿Podemos reducir la corrupción en México? (49-74) México: Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y Malem, J. (2014). La corrupción, algunas consideraciones conceptuales. Illes Imperis, 16, 169-180

Alejandro Domínguez
Alejandro Domínguez
Alejandro Domínguez es abogado por la Universidad de Guanajuato. Cofundador y codirector de Gentileza A.C., asociación civil guanajuatense enfocada en el trabajo con programas y proyectos alineados a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Twitter: @alexdom1

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