Por: Amicus DH, A.C.*
Conducimos distraídos. Quien circula delante de nosotros frena súbitamente y es imposible detenernos completamente; el impacto es inminente, con leves daños materiales. Del otro auto desciende un sujeto furioso y camina hacia nosotros con una pistola en mano.
Actualmente, una persona puede tener un arma en su domicilio. No obstante, el pasado seis de octubre, el senador Jorge Luis Preciado presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar la posesión de armas de fuego a negocios y automóviles. La propuesta se sustenta en el aumento de los crímenes, la igualdad de condiciones con los delincuentes y el ejercicio de la legítima defensa, alude también al modelo estadounidense como un ejemplo de éxito armamentista.
La preocupación que motiva el proyecto es mutua: la gente se siente cada día más insegura e indefensa ante la inefectividad de las instituciones. Sin embargo, para solucionarlo las propuestas deben ser serias, basadas en datos científicos y evidencia que permitan acreditar su viabilidad.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que podemos encontrar a México Unido contra la Delincuencia, el Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) han levantado la mano contra el proyecto. La propuesta ha sido calificada como una medida simplista, sin fundamento científico y, sobre todo, como la puerta hacia un país más violento.
En efecto, este tipo de medidas, lejos de ayudar a resolver la problemática de raíz, generan más violencia. De la evidencia no se sustrae un solo caso en el que se recomienden estas acciones; por el contrario, indica que mayor número de armas incrementa los delitos y el número de muertes.[i]
La iniciativa pretende implantar un modelo como el de los Estados Unidos, lo cual resulta inadecuado. Esto se debe a que las tasas de impunidad, corrupción, empleo, educación y fortaleza institucional de ambos países no son comparables. Aún así, Estados Unidos tiene 25 veces más homicidios que otros países desarrollados. Luego, una sociedad más armada no reduce la violencia o la delincuencia, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna otra parte.
El uso de armas no nos vuelve menos propensos a sufrir delitos, ser lesionados o perder nuestro patrimonio; no es frecuente su uso para la defensa, ya que pocas veces se cuenta con el tiempo suficiente para utilizarlas. Así, la posesión del arma no responde directamente con la oportunidad de defenderse.
Ahora bien, debemos referir que América Latina aporta el 33% de los homicidios en todo el mundo, es decir, se ha convertido en la región más violenta del planeta y las tasas altas de homicidios se vinculan directamente con el uso de armas de fuego. México tiene ya un problema en torno a las armas, y a ello se estarían sumando las del nuevo mercado.
De igual forma, no existe posibilidad de controlar quién utiliza las armas y para qué lo hace, debido a la propia incapacidad de las instituciones. Tampoco puede asegurarse que los delincuentes, incluso aquellos que no poseen antecedentes penales y que han logrado evadir a la justicia, no incrementarán su acceso a las armas, utilizando, irónicamente, el argumento de la “legítima defensa”.
Económicamente, implicaría costos para todos; obliga a los cuerpos de policía a mantener superioridad táctica con la compra y mejora de armamento, el beneficio es para quienes fabrican y venden armas.
Valoremos el costo humano de la medida: invariablemente se presentarían errores, accidentes y muertes ocasionadas por el mal uso de armas. En Brasil, se ha calculado que el riesgo de morir se incrementa hasta cinco veces por el hecho de poseer un arma de fuego. En los Estados Unidos, durante el 2015, el número de muertes por armas de fuego en niños menores a 3 años fue mayor al número de decesos por ataques terroristas. Otro ejemplo se inserta en la violencia doméstica; de acuerdo a los datos, las mujeres se encuentran bajo un riesgo mayor cuando existe un arma.
Las implicaciones son tales, que Kofi Annan, ex Secretario de las Naciones Unidas, declaró que las armas de fuego son armas de destrucción masiva, toda vez que los costos humanos que suponen son enormes. Incluso, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha calificado a las armas de fuego como un problema de salud pública, a partir del número de víctimas producidas.
Los riesgos de la medida son muchos, el peligro está comprobado, más armas conlleva costos brutales para la población; por otro lado, los beneficios no son nada claros. Las experiencias internacionales que han tenido éxito, logrado el fortalecimiento y eficacia de instituciones a favor de la seguridad, de la justicia y de los ciudadanos, se basan en la prevención, en el desarme de la población y en medidas para frenar el tráfico y obtención de armas.
Es perfectamente comprensible que muchas personas apoyen este tipo de propuestas. Empero, debemos ser conscientes del peligro que representan, ya que se basan en el desconocimiento, juegan con la desconfianza en las instituciones y con el enojo, fibras altamente sensibles de la población, ocasionando además un alto impacto electoral.
Abrazar esta propuesta releva al Estado de sus obligaciones; es decir, renunciar a la protección que debería de brindar, tirar por la borda la aspiración del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. En la medida en que esta iniciativa florezca, el desenlace del choque referido en el primer párrafo será, probablemente, una tragedia; esperemos que no salga, literalmente, el tiro por la culata. Lo dejamos a su imaginación.
[i] Para mayor información respecto a la evidencia científica y empírica, el lector puede visitar, entre otros, los sitios de: insyde.org.mx; Armados e inseguros; Por un México sin armas; desarmamexico.org; mucd.org.mx; Twitter @ErnestoLPV
https://www.youtube.com/watch?v=gOJzvzf_YxY
*Amicus “Derechos humanos por el cambio social”
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