Invertir en un país requiere de parte de los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, mínimos elementos de certeza jurídica… y de certeza normativa afirmó el jefe de la oficina de presidencia, el empresario regiomontano, Alfonso Romo.

En los dos años de desgobierno del presidente López se han dejado para mejor ocasión cientos de proyectos de inversión, cualquier cantidad de iniciativas para generar oportunidades de inversión, generación de empleos y desde luego, propuestas para hacer frente a las demandas de crecimiento económico del país.

Cuando se escucha al señor Romo insistir en que el gobierno mexicano cuenta con consejos de inversionistas en cada entidad del país y que se reúnen con periodicidad dan ganas de conocer al menos las listas de propósitos de inversión, aunque sea las ideas en borrador para imaginar, aunque sea imaginar, que puede venir alguna decisión que genere esperanza de que llegará dinero fresco a la planta productiva de país. Pero no hemos pasado de conocer en tres ocasiones de manera fastuosa los grandes montos de inversión a la infraestructura que propone hacer el consejo coordinador empresarial u otro tipo de inversiones en el marco de reuniones de Concamin, por mencionar algunos… al día siguiente pasa el tema a segunda plana y en una semana desaparece de las prioridades de los empresarios.

En nuestro país no hay certeza jurídica, no hay seguridad jurídica, no hay certeza normativa… por más que los discursos del empresario Romo propongan al “sector empresarial agresivo para las inversiones y proponga al gobierno no estorbar”.

El gobierno federal y los oficios del Sr. Romo no logran convencer a nadie de arriesgar su capital en nuevos proyectos de inversión por más que se propongan “acompañar a los inversionistas”.

Con grandes esfuerzos se mantiene la planta productiva, especialmente las empresas internacionales; las que están en el sector de clase media mexicana hoy están en riesgo permanente de desaparecer.

Las PYMES tienen fuera de su alcance líneas de crédito, fórmulas de financiamiento, sus periodos de recuperación tienen dificultades y la renovación de mercancías está haciendo difícil la relación con sus proveedores.

Las empresas que han podido subsistir a los efectos del pésimo gasto público federal y desde luego a los de la pandemia, requiere tomar precauciones severas ante un escenario que cada día se complica más ante la amenaza del repunte en los contagios, el cierre del año y la cada día más débil economía del país.

El gobierno mexicano permanece en la necedad de poner en ceros los estímulos fiscales para la reactivación económica en 2021 y por el contrario sigue desfalcando los fideicomisos.

A diferencia de lo que está sucediendo en todos los demás países del mundo, los mexicanos tendremos que resolver la reactivación económica sin ninguna expectativa que involucre al gobierno.

El presidente López solo sabe ver sus caprichos en la infraestructura que cada día incrementan los precios. De la reducida inversión que existe en el país el 87% es de la iniciativa privada y el 13% es inversión pública, la mayoría de ella son programas retrasados, del sexenio anterior. No podemos dejar de lado el dolor de cabeza que representan las “empresas productivas” del gobierno mexicano. Solamente CFE acumuló en nueve meses 67 mil millones de pesos en pérdidas, PEMEX ya no tiene calificación crediticia y está a punto de ser declarada inversión chatarra, u obstante la deuda que tiene, no hay quien le atribuya posibilidad de ser rentable algún día.

La transformación de cuarta significa caída de inversión y retroceso productivo, mientras siga el gobierno con el “gran cuento” del combate a la corrupción, lo que está logrando es combatir la inversión productiva en el país.

Hay alternativas en la esperanza del cambio democrático del país y en buscar soluciones en modelos de economía solidaria para subsistir.

Es probable que, replanteando las estrategias de vinculación entre los centros de investigación y las empresas, sin la intervención del gobierno, encuentren salida muchos proyectos productivos que puedan escalar en mercados deprimidos pero con proyectos esperanzadores.

No es el gobierno quien pone a prueba la capacidad de innovación de los mexicanos en las unidades productivas del país, es la clase media quien puede aprovechar la oportunidad para re direccionar la economía de los mexicanos y encontrarse en la ruta de las definiciones productivas con la exigencia de políticas públicas congruentes con el esfuerzo de los mexicanos por sacar la economía de sus familias adelante a pesar del gobierno.

Hasta la próxima PROSPECTIVA.