Con asombro, por no decir que con verdadero espanto y molestia, nos enteramos que el INE pretende un presupuesto de veinticinco mil millones de pesos para el próximo año.
De esa cantidad, serán casi siete mil millones de pesos los que se entregarán a los partidos políticos, y si a eso le sumamos otro tanto que les entregan los gobiernos estatales, pues estamos hablando de estos institutos recibirán ¡casi catorce mil millones de pesos!.
Dicen los integrantes de dicho instituto que el presupuesto está justificado debido a que ya creció el padrón electoral, a que en 2018 habrá elección de Presidente de la República, diputados federales, senadores, varias gubernaturas y cientos de presidencias municipales, y que esa cantidad apenas les alcanzará y que trabajaran con muchas carencias, ¿que tal?
Y añaden que el presupuesto incluye el gasto de setecientos cuarenta y cuatro millones “para realizar una encuesta infantil y juvenil, para que los jóvenes tengan contacto con los procesos electorales”, caramba, nunca habíamos conocido una encuesta tan cara, ¿no creen?, además, para que los resultados sean los que ya conocemos sin necesidad de ninguna encuesta.
El presupuesto también incluye ochocientos millones para compensaciones al personal del instituto por el trabajo extraordinario que hacen en época de elecciones, tema en el que los ciudadanos nos preguntamos porqué en lugar de pagarles compensaciones por “exceso de trabajo” en un tiempo que no pasa de dos o tres meses, mejor no les disminuyen el sueldo durante los casi tres años en los que sólo hacen trabajos de rutina y mantenimiento del padrón electoral.
Y si le seguimos rascando nos encontraremos con que hay presupuesto para lavandería (setenta y dos millones), debates entre candidatos (doce millones), comidas (cuatro millones) y muchos conceptos más que realmente provocan molestia entre los ciudadanos, ya que aquello del programa de austeridad que prometieron el año pasado quedó en el cajón de los olvidos.
Recuerdan que cuando se hizo la reforma del instituto se habló de que las elecciones serían más baratas y que los partidos tendrían menos recursos? pues resulta que esto fue una monumental farsa que nos vendieron muy bien y que inocentemente creímos.
Ante esta grosería –porque no encuentro otra manera de calificar el gasto de 25,000 millones de pesos – los ciudadanos nos preguntamos si los diputados federales y senadores (y claro que los diputados locales también en su ámbito) no van a hacer nada al respecto.
Por ejemplo, podrían hacer cambios en la fórmula para calcular las prerrogativas a los partidos políticos, ya que una parte del dinero se las entregan con base en el padrón total de electores, en lugar de calcularlo sobre la votación real, o hacer el cambio como lo hizo ya el estado de Jalisco (cambio por cierto validado en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) para disminuir en un gran porcentaje lo entregado a los partidos, en fin, medidas podría haber muchas, pero no vemos el más mínimo interés en hacerlo.
En Guanajuato, la diputada priista Arcelia González presentó una iniciativa para disminuir la cantidad entregada a los partidos políticos, ¿y saben qué pasó?, exactamente lo que están pensando, es decir, su iniciativa se mandó a la congeladora por la mayoría panista, con la aprobación tácita del resto de los partidos, incluido el propio PRI, ya que cualquier cosa que afecte a las finanzas de dichos institutos no la aprobarán.
Por lo anterior les diríamos a los diputados y senadores, señores, ya basta de permitir el saqueo de las finanzas públicas en beneficio de los partidos políticos, ya basta de no atender el sentido común, ya basta de estas arbitrariedades, les pedimos que por una sola vez en su gestión se pongan del lado ciudadano, piensen como ciudadanos y modifiquen la ley electoral, ¿será mucho pedir?
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