La industria manufacturera nacional se encuentra estancada, ya que en el comparativo de los primeros cinco meses de este año con respecto a los mismos meses de 2012, ésta apenas creció 0.6%. Hemos señalado que este magro crecimiento obedece a la parálisis que se observa en el sector externo nacional, ya que en el mismo periodo las exportaciones manufactureras no automotrices cayeron -0.6%. Por su parte, la debilidad del mercado interno mexicano (atribuido en parte al sobre endeudamiento de los hogares y a la inseguridad) limitan las posibilidades de crecimiento de las empresas nacionales.
Y si a los factores antes mencionados le agregamos el tema de las prácticas ilegales realizadas por algunos importadores mexicanos, pues las cosas resultan aún más complicadas para los productores nacionales que si se conducen con legalidad en sus actividades. En esta entrega profundizaré en estas prácticas ilegales, pero deseo dejar en claro que éstas son realizadas sólo por algunos importadores a quienes se debe considerar “hampa empresarial” por el daño que ocasionan a la planta productiva nacional. Afortunadamente también hay muchos importadores legales que pagan sus impuestos a cabalidad.
Sucede que delitos como la subvaluación y el contrabando dañan severamente la actividad nacional debido a que constituyen una competencia desleal para los productores nacionales, además de defraudar al fisco federal. ¿A qué me refiero con esto? Veamos un ejemplo simplificado pero ilustrativo de lo que ocurre con la subvaluación:
Supongamos que nacionalmente una camisa se puede producir por $80 pesos, y se vende en $100, por lo que $20 pesos serían utilidad. Así, esta camisa de entrada pagaría un IVA de $16 pesos (tasa de 16% sobre los $100 pesos que es el precio de venta) y además debe pagar el correspondiente Impuesto Sobre la Renta (ISR) o Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) por la utilidad generada o por la retribución a los factores de producción de la empresa (esto depende de la situación de cada negocio), pero el pago de impuestos será sustancial ya que la tasa de ISR actualmente es de 30% sobre las utilidades mientras que la tasa de IETU es de 17.5%.
Ahora supongamos que un importador nacional compra camisas en Vietnam a $6.40 dólares cada una, pero se pone de acuerdo con la empresa exportadora para que le hagan una factura falsa que indique que cada camisa cuesta solamente $0.50 dólares (está subvaluando la mercancía a importar). Así, al llegar esta camisa a México en la Aduana pagaría un IVA de sólo $1 peso ($0.50 dólares por un tipo de cambio de $12.50 pesos por dólar por una tasa de IVA del 16%). Aunado a lo anterior, pagaría el arancel vigente del 20% sobre los $0.50 dólares de la factura falsa, por lo que acaba pagando sólo $1.25 pesos de impuestos a la importación ($0.50 dólares por un tipo de cambio de $12.50 pesos por dólar por un arancel del 20%). Así, vemos que la camisa entraría a México pagando únicamente $2.25 pesos de impuestos (IVA más arancel), cantidad considerablemente menor a lo que paga el fabricante nacional.
¿Dada esta situación quien podrá competir mejor? ¿El fabricante nacional que tiene que pagar una excesiva carga fiscal o el importador que se burló de la autoridad y no pagó los impuestos que debería haber pagado? La respuesta es clara e ilustra porque la subvaluación en las aduanas es tan dañina para los fabricantes mexicanos y explica como en ocasiones las empresas nacionales son desplazadas por las importaciones, no por falta de capacidad para competir, sino por las sinverguenzadas de algunos importadores.
En el caso del contrabando las cosas son aún peores, porque el contrabando implica introducir la mercancía escondida a pequeña o gran escala, por lo que estas operaciones ni se registran en aduanas ni pagan un solo centavo de impuestos. El contrabando va desde el introducir 100 pares de zapatos a México por la frontera de Tijuana escondidos en una camioneta hasta introducir un contenedor con 2,000 bicicletas por manzanillo, y declarar que solamente trae 1,000. Otra modalidad del contrabando implica falsear el origen de las mercancías a ser importadas con el fin de aprovecharse de un tratamiento arancelario preferente (por ejemplo comprar calzado chino en las bodegas de Los Ángeles, Ca., cambiarle la etiqueta y después introducirlo a México diciendo que es producto estadounidense para así aprovechar las ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al final de cuentas también se evade el pago de impuestos, se daña al fisco y se genera una competencia desleal contra los fabricantes mexicanos que si pagan impuestos.
De esta manera, uno de los más grandes retos para la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto debe ser el combate a la subvaluación y al contrabando, poniendo un énfasis especial en aquellos sectores productivos más sensibles como el calzado, vestido, textiles, cigarros, acero, bicicletas, muebles, entre otros. Y esto lo señalo porque si el gobierno federal se centra en estos sectores en la realización de las inspecciones aduanales, pues se lograrán resultados casi de inmediato en materia de crecimiento económico, creación de empleos y recaudación fiscal.
En este sentido se debe aplaudir y apoyar que en el pasado mes de junio de este año, varios sectores afectados firmaron un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la PGR, la Profeco y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para crear mecanismos contra la subvaluación. Y el principal mecanismo implementado es el denominado “prevalidador” que consiste en que ahora cuando un agente aduanal detecte precios inferiores a los referidos en el sistema, éste le emitirá una alerta al SAT y a la PGR con el objetivo de revisar las mercancías en aduanas, o proceder a auditorías en las empresas, con los consecuentes procedimientos penales en caso de que se confirme que efectivamente se está realizando una operación con precios subvaluados.
Sin embargo, son este mecanismo no es suficiente y se requieren adecuaciones al marco legal que den mayores elementos a la autoridad para atrapar a los contrabandistas y subvaludores.
Este tema no es nuevo, y recientemente hemos visto varias iniciativas en el Congreso de la Unión que se quedan “atoradas” y jamás quedan plasmadas en ley al atentar contra intereses de grupos poderosos que tienen el suficiente poder de cabildeo para mandar las cosas a la “congeladora” legislativa. En este sentido es conveniente recordar que en noviembre de 2002 el Senador por Guanajuato Ricardo Alaniz Posada elaboró junto con el Senador Fauzi Hamdán la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, y se reforma el artículo 17, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuyo objeto consiste en considerar al contrabando como un supuesto de la delincuencia organizada. El 10 de diciembre del mismo año, el Senado de la República la aprobó (con una votación nominal de 82 votos a favor y ninguno en contra) y remitió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para sus efectos constitucionales. Dicha minuta fue turnada a cinco comisiones: Justicia, Derechos Humanos, Hacienda y Crédito Público, Población, y Frontera y Asuntos Migratorios.
Cabe señalar que en la Cámara de Diputados este Proyecto de decreto se estancó y no fue aprobado debido a que grupos cabilderos sostuvieron reuniones con diputados de las diversas Comisiones de la Cámara de Diputados y lo detuvieron.
Otra iniciativa de Ley que tampoco vio la luz fue la presentada el 20 de septiembre de 2012, al iniciar la actual Legislatura Federal, por parte del Diputado Francisco Arroyo Vieyra. Esta iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera; entre las que destacan que se “propone dotar a las autoridades de facultades plenas que le permitan realizar un adecuado análisis de valor en aduana, para lo cual se establece la posibilidad de solicitar, respecto de aquellas mercancías sensibles que determine el Servicio de Administración Tributaria, se anexe en forma obligatoria al pedimento, aquella documentación necesaria para verificar la veracidad y exactitud de lo declarado.”
Algunos empresarios mexicanos están sufriendo por la ausencia de leyes que pongan en cintura al hampa empresarial que hace lo que quiere en las Aduanas del país. Esto ésta ocasionando la pérdida de empleos y de niveles de producción. Ojala que las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de una vez por todas decidan trabajar en favor de la legalidad y combatan frontalmente las prácticas ilegales de comercio que lamentablemente ocurren en México.
Correo electrónico: alejandro@gaeap.com. Director General GAEAP*
Twitter: @alejandrogomezt
Página web: www.gaeap.com
