No se puede ocultar que uno de los más grandes lastres para el desarrollo de México es la cultura de la corrupción. Y es que ésta le cuesta al país un 9 por ciento de su Producto Interno Bruto, según cifras del Foro Económico Mundial publicadas en el año 2010. De acuerdo con este mismo estudio, hay empresas que erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, lo cual indiscutiblemente genera importantes distorsiones en la actividad económica nacional.
Vale la pena definir lo qué es considerado corrupción. La Organización de los Estados Americanos (OEA) establece como actos de corrupción: a) El requerimiento o aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, y b) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.
En relación al delito de corrupción es muy importante señalar que, de acuerdo con el estudio “El impacto de la corrupción en México” elaborado por Jaime Vázquez Repiso, ésta conlleva efectos negativos sobre el funcionamiento de los mercados de un país que, lo que a su vez reduce las tasas de crecimiento económico de éste. Y es que algunas de las repercusiones que genera la corrupción a un país son las siguientes:
a. Produce una asignación ineficiente de los escasos recursos gubernamentales
b. Origina distorsiones en la asignación y composición del gasto público
c. Desalienta la inversión extranjera directa en el país receptor
d. Causa efectos redistributivos negativos al generar una transferencia de activos del sector público al sector de individuos corruptos
e. Ocasiona una distribución regresiva del ingreso, de los sectores más pobres a los más acaudalados
f. Da lugar a una productividad más baja y, consecuentemente, a un menor crecimiento a largo plazo
g. Genera una provisión insuficiente de bienes públicos, o la ejecución deficiente de políticas sociales
h. Crea severas externalidades sociales negativas que se originan cuando el Estado deja de cumplir su función
En este orden de ideas, de acuerdo con Michael Pedersen, director asociado del Foro Económico Mundial (FEM), si no existieran las fallas ocasionadas por la corrupción, los empresarios estarían dedicados a hacer negocios y no habría necesidad de pagar sobornos. Aunque cabe señalar que no hay duda de que para que haya corrupción se necesitan dos, y que el sector empresarial es parte del problema y de la solución al mismo tiempo.
Las cifras son escandalosas, ya que según encuestas del FEM aplicadas a más de 12 mil directivos empresariales del mundo, “la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México”. Desde luego que este es uno de los factores que explica porque la inversión extranjera directa que recibe a México lleva varios años estancada, alcanzando los 19 mil 439.8 millones de dólares en 2011. Y por consecuencia, hay una clara relación entre la corrupción y la falta de crecimiento económico y la mediocre tasa de creación de empleos (que ascendió a tan sólo 4.04 por ciento en 2011).
Queda claro pues que el tema de la corrupción es bastante amplio y que ameritaría varios artículos editoriales para desarrollar todas sus aristas. Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar que un tema que es de gran preocupación para los empresarios nacionales es el de las licitaciones públicas, en las cuales las prácticas de corrupción son comunes y generan altísimos costos para la sociedad, privilegiando con éstas a empresarios selectos.
De entrada, el que haya corrupción en las licitaciones implica varios costos: el gobierno generalmente compra más caro, el empresario que salió adjudicado por lo general tiene que pagar por haber ganado, las mercancías a ser adquiridas no necesariamente serán las de mayor calidad, los impuestos y demás ingresos gubernamentales no son utilizados de la forma más eficientemente posible, otras empresas competitivas no generan suficientes ingresos de manera que su crecimiento y creación de empleos se ve impactada negativamente.
Al respecto de las licitaciones públicas, la ley establece, a través del principio de concurrencia o competencia, que el Estado debe asegurar la libre participación de los interesados y debe procurar el mayor número de participantes a los procesos licitatorios, lo cual le permite seleccionar a la mejor alternativa de entre una variedad importante de propuestas. Así, se garantiza que el estado opte por la propuesta más conveniente y ventajosa para él.
Claro que para que este principio cobre vigencia, debe haber una convocatoria adecuada, la cual debe ser publicada con la debida oportunidad para permitir la participación del mayor número de personas interesadas; además de que los requisitos o bases de la licitación deben ser vendidas a precios razonables; e igualmente relevante resulta que el contenido de las bases no sea limitativo ni restrictivo, ya que esto implicaría que la licitación va dirigida a personas o grupos determinados.
Otro principio que deben cuidar las licitaciones públicas es el de igualdad o trato justo y equitativo. La igualdad no sólo debe reflejarse en los requisitos exigidos a los oferentes, sino a la posición de éstos frente al este estatal contratante, y de todos y cada uno de los oferentes, frente a los demás, es decir, para el Estado, todos y cada uno de los oferentes son iguales lo que debe traducirse en el hecho de que, en todo momento, todos deben estar en igualdad de condiciones.
Desafortunadamente en la práctica vemos que no se cumple con estos principios de concurrencia y de igualdad; y que es práctica común que las licitaciones van dirigidas para que alguien en especial las gane. Y para hacer esto, es muy frecuente que las convocatorias se emitan con una serie de limitantes que hacen imposible que muchas empresas capaces puedan participar, y muestra de lo anterior son las limitantes en cuanto a tiempos para la adquisición de bases y para entregar la propuesta económica. Y es que en ocasiones se emite la convocatoria, las bases deben comprarse al día siguiente y la propuesta económica debe entregarse a los dos días.
¿Cómo puede entonces un empresario de Guanajuato, Sonora o de Zacatecas participar en una licitación del Distrito Federal si los tiempos no alcanzan? Claro que no es posible. Y si a eso le sumamos requisitos en ocasiones incumplibles, más que para quien se desea que gane, pues no hay competencia en estos importantes rubros del gasto público.
A manera de conclusión podemos señalar que es fundamental limpiar el lastre de corrupción que agobia a este país, ya que de otra manera difícilmente podremos aspirar a tener mejores perspectivas de crecimiento económico. Es fundamental no desviar recursos de la actividad productiva a los bolsillos de los corruptos, y de igual manera es muy importante que los escasos recursos gubernamentales sean empleados de la mejor manera posible para la adquisición de bienes que cumplan con las especificaciones al menor precio posible.
Director General GAEAP*
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