En días pasados los Diputados del Estado aprobaron la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado. La misma la integran un exsubprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y dos personas que actualmente trabajan en la misma dependencia.
Lo anterior no tendría mayor relevancia si no fuera porque los mismos diputados que aprobaron la convocatoria y la terna, impulsan al actual Procurador como primer Fiscal General del Estado.
Carlos Zamarripa, procurador de Justicia los últimos 8 años, busca bajo la mirada cómplice de los diputados erigirse como una supraautoridad por 9 años más, lo que nos debería preocupar y mucho, pues tenemos un funcionario que todos –menos los diputados- sabemos que no debería ser nombrado Fiscal por varias razones.
La primera es que una institución como la que se está formando no se puede dar el lujo de tener cuestionada su autonomía e imparcialidad, lo que estaría claramente en entredicho en caso de ser nombrado, pues su cercanía con el Gobernador y los demás funcionarios del gabinete es evidente y harían imposible asegurar la imparcialidad y autonomía.
Además, su desempeño como el funcionario encargado del vértice de la seguridad y la procuración de justicia no ha cumplido con los cometidos elementales de su cargo, ya que los índices de seguridad en Guanajuato no sólo no han decrecido, sino que en varias figuras delictivas han crecido exponencialmente, llevándonos a un estado de orfandad en seguridad, pues pareciera que no hay quien le pueda brindar tranquilidad y seguridad a nuestras familias.
Con el nombramiento como fiscal anticorrupción de alguien que al día de hoy es subordinado de Zamarripa, se estaría cerrando la pinza para darle un “guardaespaldas” a los funcionarios salientes, en lugar de crear una Institución garante de la legalidad y creíble en su actuar.
Nuestros diputados –sobre todo los azules-, obvian incluso del sentido común y fuerzan situaciones carentes tal vez no de legalidad, pero sí de legitimidad. Éctor Jaime Ramírez Barba, pastor del rebaño panista, siempre ha fundamentado su actuar en una legalidad irreverente pues es acomodada al contentillo. Por ello, su gestión y la de su grupo no encuentra una forma real de ser legitimada.
El PAN no alcanzó en Guanajuato diputados de representación proporcional en virtud de que tendría sobrerrepresentación, por lo que todos sus representantes en la bancada llegaron por el principio de mayoría relativa.
Tal vez la parte de que fueron elegidos por la gente de su Distrito y no por su partido no les ha quedado claro. Los diputados, sin importar su color o si son de mayoría relativa o plurinominales, se deben a la gente y a su Distrito. Definitivamente NO están al servicio o en la nómina del Poder Ejecutivo. Tampoco se deben a su Partido y mucho menos a intereses personales. Habría que decirles que su agenda debe ser marcada en buena medida por los habitantes de su Distrito.
Son responsables de ejercer con responsabilidad un mandato popular. Estoy cierto que si se acercaran a la gente y le preguntaran sobre los temas que legislan, difícilmente sería concordante con lo que hacen.
Es por ello que hoy más que nunca necesitamos abrirle la puerta de los gobiernos e instituciones a los ciudadanos. Tenemos que desterrar la política sucia, de intereses ocultos y de servilismo.
Es tiempo de cooptar las agendas políticas y sociales y darles un nuevo rumbo y un nuevo rostro.
Buscaré la candidatura a Diputado Local por el Distrito XI en Irapuato como ciudadano que soy. Sin partidos, sin colores, pero con la ilusión de romper viejos paradigmas y estereotipos políticos. Lo haré cobijado por mi familia y por el Colectivo social de AHORA, que encabeza Emilio Álvarez Icaza, con quien me une un gran afecto, además de que tuve la fortuna de trabajar con él en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Quiero que la gente verdaderamente se pueda sentir representada por un proyecto leal y honesto. Es complicada la ruta trazada para poder aparecer en las boletas, pero el ánimo no merma y buscaremos cumplir con todo para estar presentes.
Los árbitros –el INE y el IEEG- no parecen muy cercanos al tema de las candidaturas independientes, pues no contentos con que las reglas establecidas en la Ley son muy complicadas, los Institutos Electorales no las facilitan en su reglamentación, al contrario, los tiempos para conseguir el apoyo ciudadano, así como los métodos para hacerlo, resultan contrarios a cualquier discurso democrático.
Vamos por una agenda incluyente y transparente. Una agenda que empodere a la comunidad y acabe con los privilegios de los legisladores, pues parecen 36 Reyes y Reinas de un Palacio que está muy lejano a los guanajuatenses y sus necesidades.
*Eric Bolívar Alonzo es abogado especialista en Derechos Humanos, activista en apoyo a migrantes centroamericanos, colaborador voluntario de la Fundación TELETÓN, columnista, fotógrafo; actualmente dirige Donadores Compulsivos Guanajuato A.C., dedicada a promover la donación altruista de sangre y plaquetas.
Correo electrónico: Ebolivar1975@gmail.com.
