Imaginemos algo así: Al plantón de los familiares de desaparecidos en el pórtico del Teatro Juárez llega el gobernador y les pide que se organicen para entrar a ese teatro (con todas las medidas exigidas por la pandemia) con un planteamiento preciso, puntual y legítimo de sus demandas. El aforo del teatro es de unos 750, pero poniendo la distancia, un tercio sí caben bien, y, desde luego, en el escenario, el señor gobernador del estado. Los demandantes exponen con claridad y sin rodeos que deben buscarse a sus seres desaparecidos. El gobernador escucha y atiende diciéndoles que encargará a colaboradores confiables y sensibles que trabajen hombro con hombro con ellos, incluida la posibilidad inmediata de quitar a los estorbosos; además, pediría al Congreso del estado que se revise dos cosas: la Ley y la permanencia del fiscal.
Pero la realidad fue otra. Las fuerzas estatales arremetieron violentamente contra los dolientes, les lastimaron física y emocionalmente y les detuvieron a personas encerrándolas y poniéndolas a disposición por alterar “el estado de derecho”. Al tiempo que se instruyó la cargada de membretes, al partido oficial y a sus diputados exigiendo todo, menos la búsqueda de los desaparecidos.
El tercer acto fue ir a ver (con aparato propagandístico) a la víctima más fracturada –a quien le pidieron no demandar si quería ayuda-, al tiempo que trasladaron lejos del centro urbano a los familiares para reunirse con ellos, con salidas del paso y sin certeza alguna. Y con otra, todo eso cuando se anuncia la visita del Gran Predicador.
Pero, ¿y los desaparecidos?
