Por: Norma Elena Nolasco Acosta
Los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena y demás instrumentos y acuerdos internacionales en la materia firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.
La perspectiva de género es analizada como la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades, para acceder al desarrollo social y la representación en los ámbitos de toma de decisiones.
Cualquier acción u omisión que les cause a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público, es violencia contra las mujeres.
El pasado 25 de noviembre del 2010 en nuestro estado se aprobó la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Así pues dicha ley define como Violencia feminicida: a la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
También en dicha ley se habla de la violencia Institucional: es cualquier tipo de violencia contra la mujer consistente en actos u omisiones cometidos por los servidores públicos de cualquier orden de gobierno.
El 13 de mayo se conformo Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” (CEPASEVM), Tarea pendiente de dicho consejo es la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, así como la elaboración del reglamento y por último la creación del programa. Fecha limite 9 de septiembre.
Como tema pendiente la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
En el municipio de León, no estamos mejor se cuenta con una red de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia conformada por organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales y descentralizados y es encabezada por el instituto municipal de la mujer, pero aun no se constituye, tampoco contamos en el municipio con ningún refugio para mujeres víctimas de violencia, tal como lo marca la ley federal y estatal. Y ni siquiera tenemos un programa de prevención o la armonización reglamentada de dicha ley.
El pasado 1 de septiembre entro en vigor en nuestro estado la reforma al código penal, sobre el tema de feminicidio. Con las reformas al Código Penal, en mayo se aprobó una nueva figura delictiva: el feminicidio, el cual quedó promulgado como delito calificado y quien lo cometa puede alcanzar hasta 35 años de prisión.
Dicha modificación en el ARTÍCULO 153-a. Dice que Habrá feminicidio cuando la víctima de homicidio sea mujer y sea incomunicada o violentada sexualmente, vejada o mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra ella. El homicidio así cometido será considerado como calificado para efectos de su punibilidad.
Cabe hacer mención que para las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, dicha ley quedo corta ya que no se ajusta a las necesidades de nuestro estado, una servidora he manifestado en varias ocasiones “que si bien es cierto, la ley del feminicidio, no es amplia y con cobertura total, pero es un gran avance”.
El 08 de agosto del 2007 el gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, firmó el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que promueven el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo a través de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y el Congreso de la Unión, así como por el Instituto Nacional de las Mujeres y Organismos Estatales de la Mujer.
Las dependencias del Gobierno del Estado de Guanajuato, asumen el compromiso de ser partícipes de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres, como eje rector del Plan Nacional de Desarrollo.
Se requiere de una política de Estado que abra las puertas a cambios en las relaciones entre hombres y mujeres, que incluya a la gran diversidad de mujeres de todo el país, desde sus diversos espacios de participación social, económica, cultural y política, sin exclusión y considerando que México es un país pluriétnico y pluricultural.
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