La seguridad ha de entenderse de manera amplia como seguridad humana y no policial, con garantía plena de los derechos humanos, y como parte de un estado de derecho sólido y de sistemas de procuración e impartición de justicia adecuados al reto enorme que enfrenta el México actual. En parte el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 lo hace, sin embargo, dentro de éste, la creación de una nueva corporación como la Guardia Nacional (GN), que mantiene una significativa influencia militar en sus operaciones y dirección, no abona a ello y ha recibido muchas críticas. Además, para la creación de una policía nacional que fuera civil, como se ha querido caracterizar, no habría necesidad de una reforma constitucional.
Este debate ocurre en el contexto de un cambio discursivo peligroso que se está dando masiva y rápidamente en los medios y la opinión pública entre la anterior “guerra al narco” y la actual “guerra al huachicol”, o sea entre la creación simbólica del “enemigo narcotraficante”, encarnado en la figura de El Chapo Guzmán, entre otros, y la invención del nuevo villano, el “enemigo huachicolero”, encarnado de momento por El Marro, presunto líder del “cártel”, más bien de la organización criminal, de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.
Ya hemos visto cómo la retórica belicista, impulsada por los medios de comunicación y el propio gobierno durante la presidencia de Calderón, funcionó como caja de resonancia para las tendencias más oscuras, prejuiciosas y profundas de la sociedad. El ejercicio del poder sobre la población se instrumentó a través de la militarización de la seguridad pública, la represión selectiva de los presuntos “enemigos”, normalmente pobres, de barriadas populares o comunidades indígenas, y del terror generalizado. Un terror que estaba y está hecho de mensajes inquietantes, de lucha contra los vulnerables, considerados como vidas precarias y desechables, así como de desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, limpieza social, despoblamiento estratégico de territorios, expoliación de recursos, acumulación por desposesión y paramilitarización.
Por un lado, el gobierno ha optado por un discurso distinto al de la guerra y de la criminalización de la pobreza, como bien señala Zavala en Proceso, pero lo medios con sus titulares alarmantes están imponiendo otra vez la lógica de la guerra y la retórica de la emergencia. Estas se pueden traducir fácilmente en un nuevo llamado a la sociedad y a los legisladores para que propendan por refrendar y hacer permanente, mutatis mutandis, la presencia militar y el estado de excepción, de por sí ya muy prolongados, que hemos vivido en estos años y que, de alguna manera, la Guardia Nacional podría llegar a consolidar.
En la misma tónica se pueden leer medidas como son el aumento de las penas y los años de reclusión, o el incremento drástico del número de delitos por los que se prevé la prisión preventiva, que son poco eficaces en la reducción del crimen y la violencia en sí, si no se acompañan de un significativa baja del índice de impunidad: como sostenía el ilustrado Cesare Beccaria en el siglo XVIII, es la certeza de la pena y no su severidad el factor decisivo. Finalmente, en Guanajuato, uno de los epicentros recientes del tema “huachicol y violencia”, se ha aprovechado para aumentar los efectivos militares desplegados, para fomentar el jugoso negocio público y privado de la seguridad e incluso para implementar la controvertida propuesta de las “prepas militarizadas” (ver aquí-link), lo que muestra cuán hegemónico se ha vuelto en la entidad el imaginario castrense y de “mano dura”.
Dicho esto, cabe destacar que las características de la Guardia Nacional, contenida en la más reciente versión del dictamen de reforma constitucional aprobado por la Cámara en enero pasado, siguen delatando la naturaleza militar de esa corporación, pese a las declaraciones de los proponentes y a los cambios hechos de noviembre a la fecha.
Esto implica el mantenimiento de la militarización de la seguridad pública en el país, aunque ahora estaría regulada por la Carta Magna y las leyes secundarias que serían aprobadas posteriormente. Por consiguiente, son más que válidas las inquietudes y las críticas que expertos, defensores de derechos humanos, la misma CNDH y organismos internacionales como la ONU-DH, han expresado sobre la relación demostrable entre violencia, violaciones a derechos humanos y perjuicio del tejido social, por un lado, y la presencia de militares en tareas de seguridad, por el otro.
Se dice que los miembros de la futura guardia no serán militares, pero no es cierto: en su mayoría procederán de las filas castrenses, pues se trata de los que actualmente ya están en operación en muchas regiones de México. Militares con uniforme de la GN podrán investigar delitos, recabar pruebas y detener a personas con una supervisión que aún parece muy desdibujada por parte de las Fiscalías. Si no hay modificaciones, se mantendrán en la GN parte del fuero militar, el entrenamiento y los mecanismos de carrera militares, y habrá una Junta de Jefes del Estado Mayor compuesta por dos militares y sólo un civil con funciones de control sobre la propia guardia.
Ante este cuadro, es posible pensar alternativas a partir de las principales criticidades que aquejan la propuesta actual con el fin de vislumbrar caminos certeros hacia la desmilitarización, tal como se planteó en los Foros de Escucha, Reconciliación y Pacificación del año pasado. Es fundamental plantear una policía nacional completamente civil que, si bien podría contar con varios y provechosos campos de colaboración e interacción con las fuerzas armadas y las otras policías, se mantenga independiente de la autoridad castrense.
Un cuerpo de seguridad es civil si su mando, personal, fuero, adscripción, cultura, formación y filosofía son civiles, no militares. Entonces, se debe eliminar completamente el fuero militar para todos los integrantes de la GN, sin discriminaciones entre ellos con base en su procedencia o institución de origen. Las temporalidades y modalidades del retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad, así como de su uso excepcional, deben quedar claras y dar certidumbre sobre una paulatina desmilitarización.
Valga la redundancia: el mando operativo de una policía civil debería quedar civil, en lo substancial y desde el primer día. El mando mixto o dual presenta más riesgos y áreas de indefinición según muchos expertos del tema. La carrera, los ascensos, el reclutamiento, la jerarquía, el entrenamiento y la formación no pueden estar bajo gestión militar, sino bajo dirección y criterio civil, como ocurre en cerca del 75% de los países. Las condiciones de trabajo deben ser dignas y la formación de tipo policial. La adscripción de la GN y de su personal debe responder a la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana, dándole así un estatus de fuerza no militar, mientras que la Junta de Jefes del Estado Mayor de la guardia, prevista en el dictamen y formada por un representante de SEDENA, uno de SEMAR y uno de la SSPC, no tiene razón de ser si se plantea un cuerpo civil policiaco, ya que oficializa una presencia institucional fija de las fuerzas armadas en la política de seguridad pública.
En una institución que aspira a desmilitarizar la seguridad o a “civilizar los militares”, como se ha dicho, los civiles reclutados y los ex policías federales deben llegar a ser mayoritarios en su composición en un periodo definido, según una hoja de ruta factible y predeterminada con el fin de sustituir a los militares gradualmente. En sus operaciones deben ser perfectamente identificables y reconocibles, a través de códigos identificativos únicos y visibles, y la evaluación de su desempeño debe acompañarse de la rendición de cuentas y de la previsión de sanciones ante el Congreso, la CNDH y la sociedad civil, mediante un control social efectivo y el reconocimiento pleno de la Corte Penal Internacional.
Las facultades de investigación, acusación, manejo de evidencias y detención de personas las podría tener también la guardia, pero sólo si se definen claramente sus competencias frente a las policías locales y si se conforma como cuerpo civil, según las pautas mencionadas y bajo estricto mando y control de las Fiscalías.
Señalo una petición del “Colectivo No a la Guardia Nacional Guanajuato” al Senado que vale la pena suscribir y difundir: aquí link – Y el pronunciamiento del mismo colectivo sobre Guardia Nacional, Seguridad, Justicia y Paz – aquí link
