La participación ciudadana en la supervisión del uso de los recursos públicos ha tenido una evolución muy importante en los últimos años. Siempre se han ejercido recursos públicos para el desarrollo de infraestructura en el país.
En los años 80, hubo mucha inversión de recursos públicos para la construcción de infraestructura como carreteras, presas, edificios y demás actividades que detonaron el desarrollo de México en varios frentes, pero también existía una gran opacidad en el uso de esos recursos. En esos años, también comenzaban a comprarse las primeras computadoras personales con una capacidad de memoria y almacenamiento muy limitados. Las computadoras empresariales eran muy caras y el acceso a ellos era casi imposible. Muy pocos tenían la posibilidad de acceder a la información que en ellas se almacenaba.
Revisar las cuentas de gobierno y los gastos que se hacían en aquella época era una labor titánica y no podía hacerse a gran escala pues el recurso financiero y humano era muy limitado. Así mismo, a las personas que participaban en el gobierno se les veía lejanos y estaba muy marcada la diferencia entre “ciudadanos” y “políticos”. Existía una participación ciudadana muy incipiente y quienes participaban en la discusión de las políticas públicas eran generalmente solo los organismos empresariales o grupos de trabajadores que tenían una gran cantidad o de dinero o de personas afiliadas a ellos.
A principios de este siglo, comenzó a gestarse desde el gobierno federal los primeros pasos firmes para abrir la información a la revisión de todo ciudadano, eran los tiempos de las primeras leyes de transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos tenían las primeras herramientas legales para solicitar información y que el gobierno estuviera obligado a responderles. Iniciaba así, una era de la que ya no hay marcha hacia atrás.
En el caso de Guanajuato, la participación ciudadana comenzó con pasos mucho más firmes antes que en otros lugares de México. Nuestro Estado y, particularmente León, han sido punta de lanza en participación ciudadana. Durante el gobierno de Carlos Medina Plasencia comenzaron a conformarse los primeros consejos ciudadanos que tomaban decisiones sobre políticas públicas y que además tenían recursos públicos para llevarlos a cabo. Una de las primeras muestras de esto fue cuando el gobierno del estado le cede la organización de la feria estatal de León a un grupo de ciudadanos que eran funcionarios públicos y es así como en 1991 se conforma un comité organizador ciudadano que posteriormente sería el Patronato de la Feria Estatal de León.
La participación ciudadana es la esencia de las contralorías sociales. Es una estrategia de para favorecer la rendición de cuentas, la vigilancia del buen ejercicio y aplicación de recursos públicos. Es, al menos en la teoría, una excelente idea que hay continuar fomentando, particularmente en donde no hay participación ciudadana revisando el ejercicio de los recursos públicos y es aquí en dónde el consejo ciudadano de contraloría social del municipio de León tiene un excelente papel, es vigente y pertinente.
León está más avanzado en participación ciudadana que en muchas otras partes del país. El gobierno municipal de León está claramente marcado que existe la administración central y descentralizada (paramunicipales), éstas últimas cuentan con un consejo directivo integrado en su amplía mayoría por ciudadanos, quienes fiscalizan el recurso público, tienen la autoridad de modificar las prácticas de control y supervisión al interior de esas entidades. Tienen más poder legal de acción que el consejo de contraloría social y, sin embargo, la idea que tienen algunos consejeros del consejo ciudadano es que, en lugar de hacer equipo con ellos, también hay que fiscalizarlos. Es una contradicción, las contralorías sociales son estrategias ciudadanas para la rendición de cuentas, los directores generales de las entidades paramunicipales les rinden cuentas, prácticamente diario, a los consejeros ciudadanos que integran esos consejos. Más bien, debemos encontrar la manera de coadyuvar, desde el consejo ciudadano de contraloría social, con los consejeros ciudadanos. Verlos como contralores sociales. Hoy los vemos como si al convertirse en consejeros ciudadanos, automáticamente perdieran la esencia ciudadana. En la utopía de las contralorías sociales debemos encontrar la manera de colaborar más con ellos. En León hay cuando menos 30 consejos ciudadanos, decenas de personas que desinteresadamente donan su tiempo y su conocimiento en beneficio de la ciudad.
Tenemos mucho qué hacer, el consejo de contraloría social tiene mucho qué hacer en la revisión de los recursos de la administración central, en las descentralizadas ya hay ciudadanos colaborando y observando. Tenemos que quitarnos el mito de éstos últimos son parte de una estructura de gobierno y verlos de nuevo como lo que son en esencia, ciudadanos en participación activa y a ellos les rinden cuenta los servidores públicos que trabajan en las descentralizadas. Un gran para la reflexión y para mejorar el modelo de participación de ciudadana.
