Por: German Valdez
El sentido común apunta a que la disminución de la Fuerza Policial del municipio de León, es un problema que para ser resuelto requiere de un verdadero profesional de la seguridad, pública y en especial la implementación del “Programa de Administración Policial” que es una componente poco conocido y menos practicado y que en lo general tiene como objetivo hacer del “Estado de Fuerza Policial” de cualquier Corporación encargada de la Seguridad Pública, el máximo y óptimo aprovechamiento de la misma, atendiendo y en relación a situaciones geográficas, de movilidad, de incidencia criminal, etiología delictiva y otras circunstancias, con y en relación el inventario del recurso humano y material con que cuenta una corporación.
El contar con una disminución de por lo menos 500 elementos de la policía municipal, incluyendo mandos medios tiene solución en el corto plazo con el programa antes enunciado; para ello es necesario previamente de una “cirugía mayor” a partir de extirpar dos órganos que no tienen ninguna función ni idea de la materia de su responsabilidad y por el contrario, limitan la posibilidad de una solución a la enfermedad mayor, como lo es la inseguridad desbocada que vivimos en León.
Sabemos que son tres los motivos que impiden terminar o al menos disminuir la creciente violencia que se vive en una ciudad que ha dejado de ser una de las “más seguras del País”; al margen del concepto general que refiere la “causalidad multifactorial de la inseguridad”, que se ha tomado como bandera de salida o justificación ante la ignorancia e impotencia de las propias autoridades.
Estas tres principales enfermedades que tiene al paciente “grave “son en primer término, la carencia de Mando Principal (Secretario de Seguridad) pues el Militar al frente, Miguel Pizarro Arzate, como ya se ha podido dar cuenta la alcaldesa Bárbara Botello y el Secretario del Ayuntamiento, Martín Eugenio Ortiz García, quienes han tenido que salir no solo a medios, sino a pensar y solucionar la salida social ante la problemática, pues el Castrense de Rango Militar nada sabe de Seguridad Pública, no solo porque no sea esta materia de la formación militar, sino porque el funcionario no se ha preocupada por prepararse en esa especialidad, que más adecuadamente debiera llamarse “Seguridad Ciudadana”, pues es un servicio obligación de las autoridades en favor de los ciudadanos y sus bienes. De igual forma el Licenciado Aguilera también carece de la preparación en la materia pues su experiencia solo fue como Ministerio Público, no tuvo mayor rango ni contacto o control al menos con la policía Ministerial, pues el haber sido Jefe de Zona no implicaba mayor nivel curricular o de Mando, pues se les habilita como tales dentro de la procuraduría a los Ministerios Públicos de mayor seriedad y responsabilidad administrativa, no de mayor capacidad. Situación anterior que nos lleva a afirmar que carecen de la capacidad para resolver problemas elementales de operación policial y de selección de mandos.
Pronto se presentará un nuevo problema para la autoridad municipal pues los operativos de Bloqueo o “retenes” implementados por el General Pizarro, como también lo hizo con las Fuerzas de Seguridad Pública cuando estuvo al frente de la Secretaría Estatal (que conservó Juan Manuel Oliva, solo por el hecho de que los medios de comunicación no se “metían” con el Militar), no han dado ni darán ningún resultado, ni al menos inhibitorio y sí de gran molestia para los ciudadanos, al margen de su anticonstitucionalidad.
El segundo achaque es el que no se ha entendido y mucho menos valorado, como lo es el Examen de Control y Confianza que no fue creado por Felipe Calderón, sino que es un conjunto de pruebas utilizadas en la mayoría de los países del mundo, y tiene por objeto depurar e impedir que elementos corruptos e incapaces tanto física como mentalmente, formen parte de un “Cuerpo Sano” como debe ser el Cuerpo Policial que realmente dé vigencia al propósito de la Seguridad Pública como es garantizar la paz social.
El tercer mal que aqueja e impide la seguridad de los ciudadanos de este Industrioso y progresista municipio es la carencia y cumplimiento de una de las obligaciones más importantes y trascendentes de la autoridad: el plan municipal de Seguridad Pública. ¡Ya basta de improvisaciones costosas y desastrosas!, está al alcance de la mano de la autoridad y es de fácil digestión y se llama “LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA”.
El tema es muy amplio en su presentación pero simple en su implementación solo basta con el elemento que considero la píldora de la Salud como lo es “VOLUNTAD POLITICA DE CAMBIO”.
Es necesario difundir esta propuesta, que se haga llegar a quienes pueden no solo oírlo sino hacer de lo anterior su bandera de solución al problema de la Inseguridad en León.
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