Digamos que la ecuación es simple: miles y miles de mexicanos mueren cada año en una guerra entre hermanos que busca –sin éxito– detener la producción de la mariguana, que ya es legal en Estados Unidos, el principal comprador.
Pongo ahora un ejemplo con otro producto, para que suene más sabrosamente estúpida la ecuación: es como si el gobierno de Nueva York nos pagara para matarnos entre nosotros y detener la producción de aguacates, cuando las familias neoyorkinas adoran los aguacates y pagan buenos dólares por disfrutarlos en su mesa.
No creo que este sea un debate de salud pública. En el país de los obesos –primero o segundo lugar MUNDIAL, según el ranqueo que se consulte– nadie está debatiendo la prohibición del refresco y de los productos Bimbo y Marinela; digo, por si alguien quiere marcar prioridades.
Veamos esto como un debate económico, si quieren: hay consumidores legales de un producto que nace y crece en nuestras tierras, ¿por qué debería ser ilegal producir lo que piden, legalmente, esos que quieren usarla como medicamento o simplemente se la quieren fumar? Es un debate de oportunidades, pues, por si alguien en este gobierno (que todo ve con signo de pesos) quiere verlo por allí. Se calcula que los cárteles mexicanos obtienen de la mariguana una quinta parte de sus ingresos: mil 500 millones de dólares anuales. ¿Por qué no les arrebatamos esos mil 500 millones de dólares y se los entregamos a los campesinos?
Veámonoslo como un debate sobre nuestras propias capacidades: las prisiones mexicanas son escuelas del crimen y están a reventar. Datos del Colectivo de Estudios sobre Drogas y Derecho (CEDD), iniciativa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), indican que en México, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, la población recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó en mil 200 por ciento. Y 60 por ciento de las personas en centros de readaptación social de nueve entidades mexicanas está presa por delitos relacionados con la mariguana. Entre 2009 y mayo de 2013 fueron detenidas a nivel nacional 140 mil 860 personas por consumo de drogas e iniciadas 87 mil 746 averiguaciones por posesión simple, además de las 52 mil 074 averiguaciones por consumo. El sistema judicial y el penitenciario, pues, ya no tienen capacidad para cumplir con esos retos, derivados de legislaciones caducas y de un pensamiento medieval.
En resumen, es un debate que debería apoyarse en la lógica simple y abandonar, por razones humanitarias, posiciones heredades, muchas de ellas morales.
Porque nadie ha hablado aquí de la crisis de derechos humanos que vive el país por tener soldados en las calles, combatiendo una industria que es perfectamente legal en otras partes del mundo; incluso en Estados Unidos, que paga por ver, desde lejecitos, cómo nos rompemos estúpidamente la madre entre nosotros. Por nada.
Los narcos siguen allí y más: mientras nosotros discutimos si quitarles las ganancias de las drogas o no, ellos ya diversificaron sus ingresos: secuestran, venden protección y piratería, roban energéticos y otros recursos como los minerales, trafican con personas, etcétera.
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Un título tentativo para esta columna era: legalizar ya. Pero debemos empezar por algo: debatir ya. El problema es que el Gobierno federal está jugando otra vez a la doble y triple cara. Como le hace con los organismos internacionales –a los que dice “sí, pasen”, y en cuanto emiten comentarios que no les gustan les da de patadas–, Miguel Ángel Osorio Chong se sienta con la ex Presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, y con el ex de Colombia, César Gaviria, ambos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas.
Platican y Osorio Chong declara, dice, promete, “muestra voluntad”. Política pura (en el mejor de los casos); o politiquería.
En los hechos, tiene a Arturo Escobar como flamante Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Escobar es un tipo oscuro, mentiroso y ladrón y para terminar pronto, fue vocero del Partido Verde, promotor de la promesa del “pena de muerte a los secuestradores” y partidario de la cultura de la ilegalidad que tiene a México sumido en una crisis de Estado de Derecho. Basura pura. Un muro para el debate, además, porque NINGUNA organización civil seria querrá sentarse con él.
Y tiene a Manuel Mondragón y Kalb al frente la Comisión Nacional contra las Adicciones. Un policía encargándose de un tema de salud. Allí se dice todo. No es un mal tipo, el doctor Mondragón; o por lo menos no le conozco algo grave (digo, comparado con la ficha de Escobar, es una alma de Dios). Pero es un individuo superado por la realidad. Un prohibicionista a rajatabla que se va a mantener en su posición.
El gobierno de Enrique Peña Nieto debe mostrar voluntad pero en los hechos. No en declaraciones. Debe poner la mesa del debate y dejar que los especialistas lo discutan sin precondiciones. Que los que saben, digan los pros y los contras. Sin prejuicios. Osorio Chong debería saber a estas alturas que simular permite ganar tiempo, pero no sirve de nada: allí está el discurso sobre la violencia: lo pusieron bajo la alfombra y se salió, como tenía que a suceder.
La cosa es que, mientras siguen muriendo mexicanos por una guerra estúpida y fratricida, quienes tienen las llaves de la regulación son Los Zetas, es Joaquín “El Chapo” Guzmán o son los innombrables (innombrables: cárteles inexistentes del Distrito Federal).
En Nueva York quieren aguacates (aquí el consumo es mínimo). Los neoyorquinos adoran los aguacates y pagan buenos dólares por disfrutarlos en su mesa. Nosotros tenemos aguacates y allá son legales. ¿Quién carajos se aferra, y por qué, a que la producción de aguacates esté en manos de capos?
¿Por qué no le dejamos el negocio de la mariguana a los productores (como el de las papas o las lechugas, los tomates y los pimientos morrones) y se lo arrebatamos a los malandros?
Es una estupidez mantener la prohibición. 7.5 por ciento (Encuesta Nacional de Adicciones 2011) de los mexicanos dijo haber fumado mariguana en el último año, de acuerdo con Conadic, mientras que, en el país campeón MUNDIAL de la obesidad, más del 80 por ciento (cerca de 90 millones) consume Coca-Cola.
Lo diré en perfecto español: La obesidad sí es un verdadero problema de salud, no chingaderas. Pero nadie debate prohibir las bebidas azucaradas, ¿o sí?
